Violadores de la Constitución acusan traición a la patria
Rafael Cienfuegos Calderón
El autoritarismo del jefe del gobierno del cambio y promotor de la llamada cuarta transformación está en el límite de la tolerancia política que debiera prevalecer en una democracia bien entendida, al calificar de traidores a la patria a 223 diputados federales que votaron contra su reforma constitucional en materia eléctrica. Sigue en su lógica de si no estás conmigo, estás contra mí y desecha el disenso, que es uno de los principales principios de la democracia.
En la mañanera del día 21 el Presidente citó el Código Penal Federal que establece penas de cinco a 40 años de prisión y multa de 50 mil pesos a quien cometa traición a la patria al atentar contra la soberanía, la independencia o la integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, pero, afirmó, el gobierno no presentará denuncias en contra de los legisladores. Empero Mario Delgado, líder de Morena, en desacato o con autorización (¿?) de su jefe político, informó ayer que en una semana presentarán cargos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los diputados que rechazaron la reforma eléctrica, respaldada con firmas de ciudadanos que en 61.5% opinan que los partidos de oposición le hicieron daño a México, según encuesta de Masive Caller. Pero, como el Presidente y su movimiento-partido han violado la Constitución y sus leyes en repetidas ocasiones, está en duda su autoridad moral para juzgar a quienes desde el Poder Legislativo discrepan de las decisiones del jefe del Poder Ejecutivo y se oponen a lo que a capricho se quiere imponer en favor de la transformación.
Van unos ejemplos. Entre el 5 de abril y el 26 de mayo de 2021, previo a la elección de 15 gobernadores y 500 diputados federales, el presidente habló reiteradamente en 29 de 36 conferencias sobre temas que prohíbe la Constitución. En 469 minutos –documentó el Instituto Nacional Electoral (INE)- hizo referencias que violan los artículos 41 y 134 sobre uno de los principios rectores de los procesos electorales: la imparcialidad.
El 11 de febrero el presidente violó el artículo 16 constitucional sobre la protección de datos personales al exponer públicamente los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, y justificó que su gobierno recibe información del pueblo y no de elementos de inteligencia. En marzo violó (y lo admitió) la Ley del Banco de México al dar a conocer información que sólo le corresponde difundir a la institución. En abril, por la revocación-ratificación de mandato el Presidente, Morena, sus gobernantes y legisladores violaron la Ley Electoral y los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Con la construcción del tramo 5 del Tren Maya que carece de estudios de impacto ambiental, se viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y los artículos 4 y 25 de la Constitución, y se propicia la tala de la selva atentando contra las riquezas naturales de la nación al poner en riesgo los milenarios acuíferos subterráneos de la península de Yucatán. Y si el presidente del cambio sí se doblego a la exigencia de Donald Trump de frenar a los migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional a cambio de no pagar más impuestos por las exportaciones ¿no es traición a la patria?
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