ATISBOS

Aborto: ¿problema legal o de conciencia?

Rafael Cienfuegos Calderón

El aborto, problema de salud pública que divide, que provoca animadversión, opiniones e interrogantes encontradas desde el punto de vista social y jurídico, y actitudes discriminatorias que violentan derechos de las mujeres, tiene a sus más acérrimos enemigos en las iglesias y los conservadores que desde los gobiernos y legislaturas federal y estatales lo criminalizan. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, escribió (El Universal 17-09-2021) que son múltiples las circunstancias adversas -económicas, sociales, familiares y físicas- que orillan a una mujer a tomar una decisión tan difícil como la de interrumpir un embarazo; así también, que el problema no se soluciona con criminalizar a la mujer por hacerlo, sino que debe transitar, invariablemente, por la educación sexual. En la actualidad, la práctica de abortos clandestinos es un grave problema de salud pública, ya que incontables mujeres mueren en ellos y, otras tantas, sufren daños y lesiones irreversibles como esterilidad, afecciones cardiacas y circulatorias e infecciones por la falta de las mínimas condiciones médicas; además, en su práctica, convergen profundas inequidades sociales, culturales y económicas. La Constitución (dice) establece en los artículos 1º y 4º, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, y,  concluye que la libertad es la base de nuestro sistema jurídico y como tal, debemos privilegiarla. En tal sentido, una política legislativa prohibicionista, que no ha evitado la práctica de abortos, está lejos de ser una solución efectiva. Ruth Zavaleta, exdiputada, recordó (Excélsior, 11-09-2021) que hace 14 años se votó la despenalización del aborto en Ciudad de México y que ahora en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz se autoriza la suspensión legal del embarazo sin condicionamiento antes de la semana 12, (empero deplora que) como respuesta diversos códigos penales estatales fueron reformados para endurecer el castigo a las mujeres que decidían abortar, lo que derivó en un incremento de carpetas de investigación: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó de enero de 2015 a julio de 2021 cuatro mil 39. Y en medio de la polémica, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, denunció ayer que el Máximo Tribunal ha recibido presiones (luego de que declaró inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que penalizaba el aborto) para reconocer la objeción de conciencia como un derecho ilimitado  y que este puede ser utilizado como herramienta para impedir a las mujeres abortar de manera segura y digna. Aun así, la Corte invalidó la figura de objeción de conciencia establecida en el artículo 10 BIS de la Ley General de Salud porque consideró que el Congreso de la Unión la incluyó sin limitantes claras y debe ser corregida. “De nada sirve que con una mano reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este derecho se les cercene, se les quite, quede en mera declaración retórica”.