ATISBOS

Cuando el objetivo primario es “autoincluirse” en la historia imponiendo una fantasiosa y personal política de transformación de la vida pública y un supuesto cambio, el fin justifica los medios de que se eche mano aunque ello implique perder valores éticos, morales e ideológicos, y hasta el piso.

Ese es el caso del Presidente de la República que se va del gobierno a “La Chingada”, -su rancho de Palenque, Chiapas- el 30 de septiembre-.

Ha llega al grado de asumir actitudes y acciones autoritarias, de no respetar la división de poderes con agresiones al Poder Judicial y amenazas de desaparecer a los órganos autónomos que son contrapeso a excesos del gobierno.

Y a meses y días de que termine el primer gobierno de la Cuarta Transformación las palabras que dijo su inventor el 8 de agosto de 2018 al recibir la constancia de presidente electo, quedan para la historia como “una gran mentira”.

“En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos (Legislativo y Judicial); ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado (INE, INAI, CNDH, BM, Inegi) que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”.

¿Por qué el cambio?

Una explicación podría ser el rencor hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por frenar las reformas constitucionales del sector eléctrico,  electoral y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, por ilegales.

Otra, la animadversión hacia todo lo que huela a neoliberal, la austeridad republicana o la necesidad de allegarse recursos para concluir las costosas obras que virtualmente detonarán el desarrollo económico.

El caso es que en el ejercicio del poder omnímodo persiste en el Presidente el afán de someter al Poder Judicial. Quiere reformar la Constitución para que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular y reducir de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte.

En tanto, con la lealtad ciega de diputados y senadores de Morena y aliados, logró cambios a la Ley de Amparo que atan de manos a los jueces y quitan facultades al Poder Judicial para que no puedan declarar inconstitucionales las reformas presidenciales que el Congreso apruebe. Como ocurrió ayer con la de hidrocarburos del 2021.