Opinión

ATISBOS

Criminalizar el aborto coarta derechos de mujeres
Rafael Cienfuegos Calderón
A pesar de que la interrupción del embarazo es un delito que se penaliza con la privación de la libertad, la práctica ilegal de abortos en el país es persistente. Mujeres víctimas de violación o que enfrentan  embarazos riesgos para su vida se aventuran a practicarse un aborto sin los cuidados necesarios de sanidad y seguridad cuyo costo puede ser morir o ser enjuiciadas e ir a la cárcel. En la actualidad solo Ciudad de México en 2007 y Oaxaca en 2019 han despenalizado y aprobado practicar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. En caso contrario, 18 estados de la República reformaron sus códigos penales para proteger la vida desde la concepción y ampliar las penas contra las mujeres que deciden abortar y contra los médicos que los practican. Pero no por eso ha disminuido el número de abortos ilegales. Datos de la Secretaría de Salud de CDMX: de 2007 a agosto de 2020 se realizaron 227 mil 686 procedimientos de interrupción legal del embarazo y, entre enero y agosto de 2020, 17 mil 728 (15 mil 171, 89%, mediante medicamento). Catalina Monreal, especialista en temas de igualdad de género señala en un artículo (El Universal) que el reto de México es complejo porque las legislaciones federal y de los estados son desiguales,  se carece de estadísticas oficiales que permitan tener un panorama completo sobre el aborto, y, en general, en el país las leyes son punitivas. En la federal el aborto no se castiga cuando es espontáneo, producto de una violación sexual o por peligro de muerte de la madre, y en los estados la única razón válida es por violación. Presenta datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016: en los últimos cinco años poco más de un millón de mujeres tuvieron abortos. No obstante, no se sabe si estos fueron de forma clandestina También se reporta que entre 2002 y 2006 hubo 624 muertes registradas por aborto, aunque se cree que este dato es menor al real, pues no se cuentan los decesos por complicaciones de un aborto mal practicado, como sepsis o hemorragias, y la mayoría tenía bajo grado de escolaridad. Da otros datos: practicarse un aborto de forma segura cuesta entre mil 950 y 6 mil 950 pesos, solo el gasto del procedimiento médico y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuatro de cada 100 mujeres tienen el dinero suficiente para pagarlo. Sostiene Monreal que penalizar el aborto afecta desproporcionadamente  a las mujeres más pobres y no protege la vida. Y, ante esta inocultable realidad, el Presidente dice que lo más factible es que se haga una consulta ciudadana para que se decida y que no sea un asunto de los poderes o las iglesias sino un asunto de las mujeres (¿?).

 

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