Sequía obliga a aumentar apoyos al sector agrícola
A fin de establecer mecanismos que atiendan y combatan los problemas de sequía en las zonas agropecuarias, pueblos indígenas y comunidades rurales, el diputado federal del PRI, Juan Francisco Espinoza Eguia, presentó una iniciativa federal que adiciona una fracción X al artículo 56 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El integrante del Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que este proyecto de ley pretende establecer apoyo a los productores y organizaciones económicas, con incentivos para la atención de las sequías en el territorio nacional, considerando esto como una estrategia específica para combatir uno de los mayores problemas que afrontan las personas ocupadas de este sector.
Subrayó que la escasez de precipitaciones pluviales es un problema recurrente que afecta diversas regiones del país y tiene consecuencias en el sector agropecuario, como falta de agua para riego, reducción de la producción agrícola, impacto en la ganadería, inseguridad alimentaria, aumento de precios, desplazamiento de población y presión sobre recursos hídricos.
En ese sentido, el legislador priista aseveró, ante este desafío, es crucial implementar estrategias de gestión del agua más efectivas, promover prácticas agrícolas sostenibles, fomentar la investigación en cultivos resistentes a la sequía y desarrollar sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos climáticos extremos.
Indicó que de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 2023 ha sido el año que más afectaciones ha registrado el país con 56 por ciento, mientras 59 por ciento de las presas presentan un llenado inferior a 50 por ciento, lo cual revela un serio problema que afecta a productores del sector.
Por esta razón, Espinoza Eguía resaltó la importancia de incentivar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que mejoren la capacidad del suelo para retener agua, por lo cual propuso destinar recursos para la investigación y desarrollo de cultivos resistentes a la sequía y adaptados a las condiciones climáticas locales, así como promover tecnologías de gestión del agua innovadoras.
También establecer políticas de ordenamiento territorial que consideren las condiciones climáticas y de disponibilidad de agua, para garantizar un uso sostenible de los recursos naturales y fomentar la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. Sostuvo el valor de considerarlo cuando existen más de 6.5 millones de personas ocupadas en el sector agrícola, ganadero, silvícola y de pesca.
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