Ricardo Chávez G.,
Colaborador invitado
El agua, recurso natural, según el artículo 27 Constitucional, es propiedad de la nación. La de los ríos, lagunas, lagos, corrientes constantes, intermitentes y las del subsuelo, que pueden ser liberadas, alumbradas, artificialmente, pero cuando lo exija el interés público o afecte otros procedimientos, el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción.
El dominio es de la nación y es inalienable e imprescriptible. La nación tendrá todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y regular el beneficio social, aprovechamiento de los elementos naturales, establecer las adecuaciones, provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas.
En el caso del aprovechamiento del agua por particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrán realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal.
En el caso del agua en el Valle de México para usos doméstico e industrial se instituyó el Sistema Cutzamala, una serie de presas y pozos profundos regulados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de la Cuenca y Aguas del Valle de México, que administra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de México (SAPASEM).
En el Distrito Federal, el SACM, para realizar el manejo, distribución, mantenimiento de la red hidráulica y drenaje tiene un presupuesto anual aproximadamente de 5 mil millones de pesos, de los cuales, 2 mil millones son para mantenimiento de la red hidráulica y drenaje.
Por cobro del servicio de agua potable a los usuarios se recuperan unos 2 mil 700 millones de pesos, provenientes del padrón de usuarios que suma un millón 700 mil tomas de agua de uso doméstico, consideradas de categoría popular.
Ante los problemas de mantenimiento y administración del servicio de agua y alcantarillado a los capitalinos, la Dirección Administrativa del SACM ha llamado al sector privado para que apoye con recursos económicos y técnicos para mejorar la administración, distribución, recaudación y manejo de la red hidráulica, apoyar con recursos económicos el servicio de drenaje en temporadas críticas de siniestros por lluvias y auxiliar el proceso de manejo, distribución, administración y recaudación del costo del servicio de agua potable a los usuarios, a cuyo llamado se han puesto a su disposición empresas especializadas en esos rubros.
Unas son de origen nacional; otras, del extranjero, españolas e inglesas, especialmente, que ya prestan esos servicios. En algunas ciudades del país, como Acapulco, Gro., el proyecto del acueducto Jalisco-Guanajuato; en Agua Prieta, Son., administran pozos de agua potable bajo el procesamiento de concesión. A empresas de ciudadanos de origen norteamericano.
En instancias de organizaciones y foro internacionales, donde participan representantes y dirigentes de Estado y organizaciones sociales, se debate el carácter y factor del agua. Se señala su existencia como recurso natural público y derecho humano, aunque otros sostienen que ante su escasez y demanda debe considerarse como una mercancía y bien privado. Estas propuestas la sostienen quienes consideran al proyecto neoliberal como salida lógica para resolver los problemas sociales y económicos de los países en desarrollo e industrializados.
Por lo que los debates están en considerar el recurso natural del agua como un bien público y derecho humano o como mercancía privada.
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