Si bien se han establecido convenios internacionales, como el Acuerdo de París en 2015, para que las naciones firmantes, como México, pongan en marcha medidas para afrontar las consecuencias del cambio climático global.
“Tenemos una serie de principios jurídicos que no han evolucionado para enfrentar al cambio climático. Digamos que tenemos un desfase entre el avance científico, tecnológico y epistemológico y lo jurídico que soporta aspectos de gobierno, gobernanza y democracia”, comentó María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La especialista en derecho ambiental añadió que falta un pensamiento administrativo funcional en torno al cambio climático y aunque existen instituciones que diseñan y buscan implementar políticas públicas para que México tenga sus estrategias de mitigación y adaptación al calentamiento global, “se tiene que hacer una traducción jurídica de conceptos como adaptación al cambio climático y a partir de ello avanzar en encontrar modelos normativos para instrumentar acciones concretas”.
Por su parte, la investigadora Rosalía Ibarra Sarlat, añadió que el cambio climático trasciende fronteras y cruza los límites disciplinarios, por ello, invitó a escribir a químicos, biólogos, especialistas en relaciones internacionales, geógrafos, politólogos, filósofos, administradores públicos y abogados a reflexionar, discutir y coincidir en las partes para después integrarlas en el anhelo de comprender el problema de una manera holística. “Entendemos que el cambio climático es un problema complejo que requiere de la participación de todos”.
La evidencia científica y la generación de datos comprobables son vitales para la toma de decisiones en este rubro; no obstante, es necesario que científicos y abogados entablen un lenguaje común, y fue en ese sentido que Marco Heredia Fragoso, coordinador general de Cambio Climático para la Evaluación de Políticas de Mitigación y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Por su parte, Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que primero se tendría que revisar de manera integral el marco jurídico existente y consideró que ha faltado “una gran armonía entre los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues cada cual va por su camino. Habría que preguntarnos qué ha hecho falta para que estas políticas públicas sean eficaces, eficientes y aplicables”.
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