El proyecto Planeación territorial e innovación financiera para incrementar la resiliencia de México al cambio climático (conocido como SAbERES), apoyado por la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del gobierno alemán, en coordinación con el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y cuyo objetivo es trabajar en regiones del país con condiciones de vulnerabilidad climática para mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático de pequeñas y pequeños productores rurales.
José Luis Samaniego, director ejecutivo del WRI México, detalló que la realidad es muy compleja con poco crecimiento económico, la pobreza es enorme, impactos sociales de la pandemia y golpes más fuertes de los fenómenos naturales.
En la pasada COP28, México actualizo sus metas ambientales y paso del 22 al 35 por ciento en mitigación ambiental. Se requieren grandes avances en eficiencia energética, nombrar 2 millones de hectáreas como área protegida y reforestar 1.5 millones de hectáreas, entre otros aspectos.
Añadió que se debe tener una economía verde que puede ayudar a tener un futuro con energía renovable, agricultura adaptable, urbanismo moderno, etc. Por ello, se debe generar conocimiento y que brinde las bases para las soluciones sustentables.
El programa Saberes tiene tres ejes con modelos de organización comunitaria con asistencia de los gobiernos; implementación de soluciones locales para proteger la biodiversidad; operar organismos financieros para pequeñas productores y desarrollen nuevas soluciones ambientales y sociales.
El programa se enfocará en los estados de Puebla, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Tlaxcala, en 152 municipios, focalizando el programa en determinados ejidos.
SAbERES está dirigido a organizaciones campesinas de los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, y operará en 137 municipios.
Las y los pequeños productores con menos de 5 hectáreas y sistemas de producción campesina constituyen el 72% del total de personas dedicadas a la producción de alimentos en México, proporcionan el 40% de la producción nacional agropecuaria y generan el 60% del empleo contratado del sector (3.3 millones de personas).
Pese a lo anterior, entre 2009 y 2022, menos del 1% de las pequeñas unidades de producción agropecuaria en México tuvieron acceso a créditos, debido a la falta de mecanismos financieros adecuados para este tipo de producción, por lo que dependen directamente de subsidios.
Dicho programa corre a cargo de las organizaciones WRI México, el Banco Interamericano de Desarrollo, Gaia, Gitec, IIASA, IICA México, UICN, Unicach y GIZ de Alemania.
Javier Warman, director de Recursos Naturales del WRI México, expuso que el proyecto Saberes busca impactar en un contexto agrícola que padece de fenómenos climáticos extremos, tierra con escasa productividad y no tienen acceso a financiamiento, entre otros, derivan en que los resultados sean inadecuados.
Por ello, se busca mejorar la capacidad productiva y sustentable de los pequeños productores agrícolas con una adecuada planificación territorial, adaptación basada en ecosistemas, tener acceso a mecanismos de financiamiento. La prioridad es que sean soluciones con Saberes de la naturaleza y no por producir más se impacte a los ecosistemas.
Las tres medidas a tomar son: medidas tecnológicas con sistemas de monitoreo, medición, pronósticos, modelos climáticos, etc., generados con tecnología. La segunda medida es: adaptación basada en ecosistemas (AbE) que consta en rehabilitar suelos, bancos de forraje, diversificar parcelas, control de plagas, retener humedad y fomento de la polinización. La tercera es: medida económica con créditos, educación financiera al productor como a los bancos y contar con planes de negocio.
Los sistemas productivos se labora son café, cacao, productos no madera les, ganadería silvopastoril, agroforestal, agaves, maíz, apicultura, sistema agroecológico y esoterismo.
Se espera una mayor gobernanza de organizaciones civiles, aplicar dicho programa en 300 mil hectáreas, fortalecer capacidades técnicas de 6 mil productores, tener 10 modelos de producción sostenible, financiar al menos 50 empresas forestales, habilitar crédito a 3 mil personas productoras y fortalecer capacidades de unos 200 tomadores de decisión.
Sol Ortiz García, directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático, de la Secretaría de Agricultura federal, aceptó que los pequeños productores son los más afectados por el impacto climático y no tienen los recursos económicos para sobreponerse de forma pronta.
Enfatizó que el panorama a futuro no es halagador y se necesita un trabajo en sinergia para mitigar el cambio climático. Recordó que el Censo Agropecuario federal detalla que el 64 por ciento de las unidades productoras considera al cambio climático como su peor problema.
El tema no es exclusivo de una dependencia federal sino que es de injerencia de todos los actores sociales. Ejemplificó que uno de los diversos tópicos por controlar son los incendios , que muchas veces derivan de la quema agrícola.
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