Sustentabilidad

Padece México de graves problemas ante la presencia de la minería

Durante la Treceava Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) COP 13 en donde se anunció que México crea cuatro nuevas áreas naturales protegidas (ANP), lo cual conlleva a que el país cuente ahora con 91 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas. En contraposición, existen 38 millones de hectáreas de concesiones mineras a lo largo del territorio.

Las zonas a proteger son Caribe Mexicano (5.7 millones de hectáreas en la franja marítima de Quintana Roo), las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes (1.2 millones de hectáreas de franja marítima de Baja California y Baja California Sur), el Pacífico Mexicano Profundo (57.8 millones de hectáreas de franja marítima de Chiapas a Nayarit y alrededor del Archipiélago de Revillagigedo), y la Sierra de Tamaulipas (308 hectáreas).

Sin embargo, las ANPs no representan una garantía contra las actividades extractivas. Ejemplo de ello es la costa de Chiapas, donde existen 21 concesiones mineras en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, ubicados justo entre dos Reservas de la Biósfera, la del Triunfo y la de la Encrucijada.

“No es cierto que aquí en México se protege el medio ambiente y se preservan las áreas naturales protegidas”, alertó Luís Rojas Nomura, habitante de Acacoyagua y miembro del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Su organización forma parte de la Red mexicana de afectados por la minería (REMA), quien detalló que “¿para qué sirve crear otras cuatro reservas naturales para proteger la biodiversidad, si aquí con la minería van a destruir dos?”.
En comunicado de prensa, el activista citó que “nos preocupa que en México las ANP se estén instrumentalizando como una forma de control territorial, agundizándose con la creación este año la figura de la gendarmería ambiental, encargada de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas”, para “prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental”. Se instaló en regiones claves como la Selva Lacandona, en Chiapas, donde tiene una connotación contrainsurgente.

También se explicó que en su discurso, el Presidente promovió el sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), en el que individuos reciben un pago por actividades de manejo “sustentable” de los ecosistemas que generan “servicios ambientales” como biodiversidad, agua limpia o aire limpio. Se puede tratar de captar y la filtrar el agua o proteger ciertas especies de fauna o de flora. En el caso de los bosques, los pagos vienen de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con dinero aportado entre otros por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, banco para la conservación creado para financiar los proyectos de la CBD, en el que se encuentran instituciones como el Banco Mundial y empresas.

“Es preocupante que el esquema de PSA siga siendo promocionado como la forma más adecuada de manejo de bosques en México”, comenta Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C. y co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. “Más del 60% de los bosques en nuestro país está en manos de ejidos y comunidades y mucho de estos ecosistemas han pervivido gracias a prácticas colectivas que las propias comunidades han mantenido desde centenas de años. El problema con los PSA es que sustituyen esas prácticas colectivas con estrategias individualistas y de corto plazo, dependientes de financiamientos y mercados externos.”

Los PSA son vinculados al mercado de carbono, de tal modo que una de las actividades retribuidas es la captura de CO2, es decir la generación de bonos de carbono para las empresas que quieren compensar sus actividades emisoras de gases a efecto invernadero. Eso permite que el sector privado y países del Norte global sigan contaminando y no representa una verdadera solución al cambio climático.

A parte de cuatro nuevas ANP, el presidente anunció la creación de cinco nuevas áreas de salvaguarda, zonas donde se prohibe explotar y extraer hidrocarburos. Una es justamente la “Región Selva Lacandona” (18 mil 348.9 Km2 dentro de la Provincia Petrolera Cinturón Plegado de Chiapas). Según el decreto por el que se crea esta zona de salvaguardia, esto contribuirá a cumplir con uno de los objetivos de la Meta Nacional “México Próspero”: “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. Abre claramente la puerta al desarrollo de proyectos de la economía verde en la región.

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