El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentan la amenaza antidemocrática del impulsor de la “histórica” Cuarta Transformación y de su movimiento-partido Morena y preocupa la posibilidad real de que queden bajo el control del gobierno del cambio y políticos que detentan el poder. Para ello hay tres vías por las que pueden transitar y que de seguro tienen bien analizadas: una, la iniciativa presidencial para reformar la Constitución que se discute ya en la Cámara de Diputados; dos, cambiar las leyes secundarias en materia electoral; tres, aprovechar el relevo de cuatro consejeros (entre ellos el presidente) que terminan su periodo en marzo de 2023. Para la primera (por fortuna) no tienen los votos de mayoría calificada requerida, para la segunda tendrían que violar (una vez más) la Constitución, y para la tercera (tristemente) la tienen más fácil para imponer personajes afines como consejeros, pues es el Presidente quien propone candidatos y los senadores los que eligen; si son rechazados, se presenta otra lista y si tampoco pasan el Ejecutivo federal los nombraría directamente. En cualquiera de los casos la muerte del INE tal y como lo conocemos, institución autónoma garante de procesos electorales confiables, constituiría un atentado a la democracia que se vive en México, que si bien imperfecta y novel, ha permitido la transición política pacífica al respetarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El problema es que el presidente del cambio quiere una reforma y un árbitro electoral modo. ¿Para qué?, para tener el control de las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila y favorecer a los candidatos de su partido, lo mismo que la de 2024 para elegir presidente de la República y asegurar así la continuidad de su anhelado proyecto transformador con quien elija para sucederlo. Y para hacer realidad el deseo de su jefe, Adán Augusto López, el “machuchón” secretario de Gobernación (una de las tres corcholatas favoritas), adelantó que la reforma electoral que incluye la extinción del INE y la elección de sus consejeros por voto popular “va”, confiado en que al voto unido de diputados de Morena, el Trabajo y Verde, sumará al PRI, como lo hizo para que se aprobará la permanencia de las Fuerzas Militares en las calles hasta 2018, tras ofrecer impunidad a su líder Alejandro Moreno. Dice y no se equivoca Ricardo Raphael (Milenio 17-10-2022) que de salir airosa (la reforma electoral del Presidente), regresaría al país a la época en que el fraude en los comicios era nuestro principal dolor de cabeza. Va por el árbitro: lo quiere a modo y militante. Legislativamente la triada Morena-PT-PVEM no tiene mayoría para modificar la constitución, por lo que el “machuchón” buscará comprar conciencias entre los diputados de la supuesta oposición o chantajearlos, lo que le está resultando muy efectivo a la Cuarta Transformación. Empero si no es por ahí, irán por modificar las leyes secundarias o de plano esperarán la fecha del cambio de consejeros electorales. Como sea el INE y el TEPJF están bajo fuego y ni PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dan visos de unidad para defenderlo, lo mismo que las agrupaciones políticas nacionales registradas en el instituto electoral. Y de los electores, ni hablar.
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