ATISBOS

El fantasma del fraude electoral

Rafael Cienfuegos Calderón

La Constitución enfrenta la embestida de una iniciativa de reforma porque el presidente quiere cambiar la realidad democrática del país y hacer que con una nueva ley y estructura las autoridades electorales  respondan a sus intereses políticos y así afianzar su plan de transformación. La reforma no obedece al interés de los actores políticos y partidos de fortalecer la democracia (lejos, muy lejos está de eso) ni responde a demandas de electores inconformes con el instituto y el tribunal electorales. El Presidente presentó porque quiso la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sin consultar a nadie para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para reducir los 11 consejeros del INE a siete del INEC y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según para ahorrar, y para que el “pueblo” que no se equivoca, elija a personas honestas, democráticas y antifraude como autoridades electorales, a pesar del gasto que ello implica y de que los actuales árbitros que son garantía de certeza, confianza e imparcialidad tengan una aceptación de 68%  y 63% entre votantes de 18 años de edad y más (El Financiero, encuesta de octubre), muy por arriba de diputados federales y locales, senadores y partidos políticos. El fantasma del fraude, parece ser, no lo deja ni a sol ni sombra desde la elección del 2006 en la que, acusa sin demostrar, le robaron el triunfo, y por ello insiste en que la reforma electoral es para evitar fraudes y  que voten los muertos. Sin embargo, las organizaciones afines a Morena que respaldaron la revocación de mandato del Presidente sí recurrieron a los muertos para completar las firmas requeridas y a trampas para que se llevara a cabo, recordó Lorenzo Córdova, presidente del INE (25-10-2022) en la Escuela Judicial Electoral. Y en torno a la reforma esto ha acontecido: La mayoría del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmintió que haya aprobado una Recomendación para apoyar la transformación del INE y menos que lo calificara de «instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo», como aseguró la presidenta Rosario Piedra Ibarra. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) considera regresiva la iniciativa presidencial de reforma electoral y advirtió que representa un agravio a la vida democrática. Lorenzo Córdova insistió en el riesgo de que políticamente sea capturado el INE luego de tres años de recortes por los que en el proceso de la revocación de mandato no cumplió con la ley al disminuir el número de urnas, y dejó sobre la mesa las siguientes incógnitas: ¿Qué pasaría si no se pudieran instalar las casillas en las elecciones de 2024? Si no se cumplen las condiciones se anula. ¿Qué tal que la nulidad puede acabar siendo provocada desde el poder al no generarse los recursos? El grupo parlamentario del PRI, encabezado por Alejandro Moreno, se dijo dispuesto a negociar una democracia «menos onerosa». El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores dio a conocer que la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular tendrá un costo mayor a 8 mil millones de pesos, que contrasta con el principio de austeridad que busca el gobierno con su reforma electoral.