Las coaliciones partidistas anunciaron las reglas para decidir quién estará al frente de la candidatura presidencial de 2024. El 13 de junio el Consejo Nacional de Morena publicó el método para elegir al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y unas semanas después, la oposición inició un proceso similar y seleccionar al candidato del Frente Amplio por México (PRI, PAN, PRD).
La elección de estos cargos es una estrategia que, hasta el momento, ha permitido a los partidos políticos adelantar hasta cinco meses las acciones de campaña presidencial. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la legalidad de este proceso preelectoral por el tiempo y los recursos utilizados.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las leyes electorales, con énfasis en el reporte y la fiscalización del gasto, así como los riesgos en caso de incumplimiento.
Se detalla que las elecciones internas de Morena y del Frente Amplio por México podrían ser consideradas un acto anticipado de precampaña, lo que violaría la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Sin embargo, ante las denuncias en contra de ambas coaliciones bajo este argumento, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que estos actos se realizan como procesos internos del partido, por lo que solamente instruyó no llamar al voto.
Sin embargo, la resolución del INE no significa que los gastos ejercidos están exentos de fiscalización. Todos los partidos políticos están obligados a desglosar sus gastos y tener un control de los recursos utilizados.
El Artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos establece que deben reportar al INE los gastos de financiamiento de actividades ordinarias, incluyendo los sueldos y salarios del personal, la propaganda institucional, campañas de consolidación democrática y el gasto en los procesos internos de selección de candidatos.
Ante la confusión entre el proceso ordinario y electoral, existen riesgos de transparencia en el uso de los recursos públicos y garantía del piso parejo entre los candidatos y candidatas. Esto podría afectar la equidad y competitividad de las elecciones al ampliar las diferencias y el alcance de los partidos políticos, dando ventajas a ciertos actores políticos que gasten mayores recursos.
Para evitar un uso inadecuado de los recursos económicos y no transparentarlos, el IMCO propone que los partidos políticos cumplan los criterios actuales para el reporte de gasto de las actividades.
Modificar las prácticas de publicación del INE para que los gastos del periodo ordinario sean reportados en su página en tiempo real. Por las circunstancias atípicas de las precampañas anticipadas, es pertinente fomentar la rendición de cuentas con mayor periodicidad.
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