La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas en el Senado en materia electoral, abren la puerta a elecciones de Estado y ponen en riesgo la elección de 2024.
Representa una regresión para la democracia en el país y son una afrenta para la ciudadanía que por más de 30 años ha luchado para construir instituciones sólidas que den certeza a los procesos para elegir a los representantes oficiales.
Un efecto adverso muy preocupante es a la economía, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas.
La frágil confianza en el país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación que golpea el bolsillo de las familias.
Lamentamos que la mayoría de los Diputados y Senadores hayan hecho oídos sordos a la voz de la ciudadanía que, en una manifestación pacífica y respetuosa, marchó el pasado 13 de noviembre en las calles y ha encabezado la conversación en redes sociales para exigir respeto a la democracia y a las instituciones que contribuyen a hacerla posible, se informó.
La Coparmex condenó enérgicamente el desmantelamiento de las instituciones electorales y que se legisle por consigna, pues esto daña la imagen del Congreso y el principio de separación de poderes; México corre el riesgo de retornar a un régimen autoritario.
Tal como se expresó en la misiva del 12 de diciembre de Coparmex a los Senadores de la República, la minuta de reformas no debía ser aprobada, pues además de trastocar la autonomía y operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contenía evidentes errores, imprecisiones y elementos claramente inconstitucionales.
Las modificaciones aprobadas por el Senado, comprometen la competencia electoral y nuestro derecho a tener procesos electorales pacíficos, transparentes, con resultados confiables que nos alejen de conflictos postelectorales.
Con la resolución adoptada, los jóvenes reciben por herencia un país que favorece la concentración del poder, la impunidad para quienes no quieren elecciones limpias y justas, los abusos en las campañas; en suma, un país menos democrático.
Ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas. De la misma manera, el Tribunal Electoral (TEPJF) deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos político-electorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera; confiamos en las acciones legales que emprenderán tanto el INE como los partidos políticos, y estaremos abiertos a respaldar jurídicamente a los ciudadanos que deseen exigir la vigencia y respeto de sus derechos.
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