La protección al ambiente debe ser, necesariamente, compatible con el desarrollo económico y el fomento a la inversión extranjera. En México, se necesita fortalecer y transparentar a las instituciones que tienen a su cargo la aplicación de la ley ecológica, aseguró el doctor Guillermo Haro Bélchez, procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
El mensaje de hacer cumplir la ley ambiental no es un simple propósito altruista. Inspeccionar a las empresas, vigilar las áreas naturales y proteger a las especies marinas, no puede quedar sólo en el discurso, sino que “se requiere ser claros y convincentes al presentar la evidencia de que nuestras leyes e instituciones funcionan”, de forma que propios y extranjeros reconozcan una mejora real del entorno y una competencia económica más equilibrada, dijo.
El tema de la inspección ambiental no es cosa menor. En México, la tala clandestina, la contaminación de las zonas urbanas, la venta de animales en peligro de extinción y la pérdida del patrimonio natural es cosa frecuente, al igual que en el ámbito internacional, indicó.
La exigencia hacia las autoridades del sector medio ambiente, explicó, debe ir acompañada de la correspondiente dotación de recursos y herramientas adecuadas para proteger el entorno, de manera que puedan responder con bases reales a los reclamos de la sociedad.
También, abundó, en el contexto del delicado proceso de negociación de acuerdos comerciales entre países, poseer elementos precisos para evitar que pretendan hacer uso de un supuesto desinterés por el medio ambiente, un pretexto para ejercer presión.
México, indicó, necesita dar muestras de su compromiso por proteger el entorno, al tiempo que muestre en la ley un tratamiento justo del sector económico.
Particularmente notoria y relevante –añadió– resulta la reforma que analiza el Congreso de la Unión y que actualiza la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que permitiría la actualización de la norma que regula la actuación de las instituciones protectoras del entorno ambiental que datan de 1988.
Estamos frente a una realidad muy distinta. No se puede actuar como hace 25 años, ya que se requiere equilibrar las acciones de protección ambiental, con el reconocimiento y tratamiento correcto de la inversión que es ambientalmente responsable, comentó Haro Bélchez.
Además, refirió, impulsa por vez primera un sistema preventivo dirigido a incentivar una actuación ambientalmente responsable en los agentes económicos.
“Los inversionistas y quienes desarrollen actividades económicas en nuestro país, tendrán procedimientos ambientales más rápidos y respetuosos de los derechos de las empresas sujetas a fiscalización. Se trata de nuevas reglas para proteger el ambiente y resolver los conflictos ambientales de manera más racional y compatible con el desarrollo económico y comercial”, expuso.
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