Sustentabilidad

LO COTIDIANO CON CLASE

PEPE CAMARA

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá consultar a pueblos y comunidades, con independencia de su auto adscripción indígena, si autorizan realizar obras y actividades productivas que pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano.

Esta propuesta contenida en una iniciativa con proyecto de decreto presentada por el senador de Morena, Casimiro Méndez Ortiz, reformaría el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El sustento del legislador refiere que la tierra es base fundamental de la cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica de los pueblos indígenas.

Asegurar su preservación y traslado a las generaciones futuras conlleva velar por el respeto al derecho fundamental a un medio ambiente sano, pues el daño al hábitat y ecosistemas de sus territorios supone un riesgo para su supervivencia como pueblo organizado.

La población de muchas comunidades del país no se auto-adscribe a un pueblo ancestral, pero son susceptibles de ser afectadas en su derecho a un medio ambiente sano por el desarrollo de diversas actividades y proyectos productivos.

Un ejemplo, se encuentra en pobladores de la comunidad de Bacánuchi, municipio de Arizpe, Sonora, que con valentía controvirtieron mediante un juicio de garantías la omisión de las autoridades federales de ser consultados antes de otorgar a la empresa Buenavista de Cobre la autorización para construir y operar una nueva presa para actividades mineras.

Compañía que, recordó Méndez Ortíz, provocó la contaminación del Río del mismo nombre, próximo a su comunidad, mediante el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, en el municipio de Cananea, Sonora, el 6 de agosto de 2014.

Este caso, analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del amparo 365/2018, el 5 de septiembre determinó proteger de la Justicia Federal a los pobladores de aquella comunidad sonorense.

Decisión que garantiza a la citada comunidad, su derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo del proyecto de construcción y operación de la nueva presa de jales mineros, en la medida en que podía afectar el medio ambiente de su territorio, así como otros derechos esenciales para su supervivencia.

El asunto se turnó para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos.

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