El pasado 18 de febrero el secretario de Gobierno de la Ciudad de México , José Ángel Ávila, envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa suscrita por Marcelo Ebrad, para que por Decreto se expida la Ley que crea el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Hace un año, el gobierno del Distrito Federal dio inicio con lo que podría considerase el proceso de privatización del agua potable, con la actualización. En aquella época, el entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, se encargó de salir a los medios de comunicación y tratar de convencer a los diputados locales de que era necesario elevar las tarifas por el servicio, bajo la promesa de que los recursos que se obtuvieran serían para mejorar la red hidráulica.
Dijeron que con elevar las tarifas se lograrían tres objetivos: reducir el consumo entre un cinco y un 10 por ciento; la obtención de mil 400 millones de pesos adicionales que se destinarían a aumentar la infraestructura hidráulica en Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, y el establecimiento de un call center sobre orientación y atención de fugas. Hoy, ¿qué se ha hecho de aquellas promesas?
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