Vida Sana

COVID-19 ahonda en la desigualdad y falta de derechos en Latinoamérica

La organización Amnistía Internacional informó que la COVID-19 ha puesto agravó la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia.

En el Informe 2020/21. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, se documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, los migrantes, el personal médico desprotegido, los indígenas, las personas negras y otros grupos olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes políticos han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.

“Durante el pasado año hemos visto cómo ciertos líderes de las Américas respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad,”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Las Américas ha sido la región más afectada por el COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1,3 millones de muertes Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud.

En inicios del siglo, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentaba en 8 millones.

Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud de las Américas habían muerto a causa del  COVID-19 hasta el 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual.

Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron sumariamente a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, y expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13.000 niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020.

Las deficientes condiciones sanitarias y el hacinamiento caracterizaban muchas prisiones de la región, donde las inadecuadas medidas del Estado negaban a la población reclusa el derecho a la salud y la exponían a contraer el COVID-19.

Las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020.

América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente. En dicho tenor, una de las pocas acciones coherentes de México fue convertirse  en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los defensores y defensoras de los derechos ambientales.

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