La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de construcción y operación del proyecto Cabo Dorado, en Baja California Sur.
Tras evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto presentado por La Rivera Desarrollos BCS, S. de R. L. de C. V. , el resolutivo emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat fue negativo por no ajustarse a la ley en la materia, como no haber calculado bien el agua que requerirá al proyecto, contravenir el Programa de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos al no considerar el abasto de agua para las poblaciones que generará, no considerar la interacción con el Parque Nacional Cabo Pulmo, no considerar el Ordenamiento Ecológico del Golfo de California, además de no considerar a especies en peligro de extinción como las tortugas marinas, entre otras disposiciones.
En el resolutivo “se advierten diversas incongruencias en la información presentada que la llevan a considerar que la integridad funcional y capacidad de carga del sistema regional se vería comprometida por la operación del proyecto”.
Además, “la promovente no presentó los elementos técnicos suficientes que demuestren que los ecosistemas no se alterarán de manera significativa con la construcción y durante todo el tiempo de operación del proyecto y presentar una deficiente identificación, descripción y evaluación de impactos ambientales acumulativos y residuales» del Sistema Ambiental Regional (SAR), así como estrategias de mitigación que carecen de objetividad debido a las deficiencias apuntadas, por lo que esta autoridad estima que el escenario a futuro del proyecto no fue diseñado por la promovente sobre bases técnicas que demuestren que la operación del proyecto no generará desequilibrios ecológicos graves al SAR».
LEGISLADORES DIERON
ULTIMATÚM PARA CABO DORADO
Por medio de un punto de acuerdo, presentado el pasado 21 de mayo ante la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, los diputados Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, del PRD, exhortaron a la Semarnat a negar la autorización a la MIA para la construcción de “Cabo Dorado” a un lado del Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja California Sur, dado que existe un juicio administrativo sin resolver debido a la cancelación del proyecto anterior, Cabo Cortés, en junio de 2012.
Los legisladores demandaron que la actual solicitud de Cabo Dorado, que tramitó La Ribera Desarrollos BCS, debería ser rechazada en tanto se resolviera el juicio administrativo 1682/13-EAR-01-10/1ac, ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El actual proyecto Cabo Dorado se localiza en el mismo terreno donde se promovió el desarrollo “Cabo Cortés”, que fue rechazado por el presidente Felipe Calderón, el 15 de junio de 2012 y, posteriormente cancelado de manera oficial por el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental y el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, el 25 de junio de 2012.
A pesar de presentarse con diferente nombre y distintos inversionistas y socios extranjeros, La Ribera Desarrollos BCS mantiene al mismo promotor e inversionista nacional, John Macarthy, quien se desempeñara como director de FONATUR en el gobierno de Vicente Fox y fuera el principal inversionista nacional de la empresa “Hansa Urbana”.
BAJA CALIFORNIA SEÑALÓ DEFICIENCIAS DEL PROYECTO
En su momento, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, manifestó su preocupación por los impactos en disponibilidad de agua, urbanos y crecimiento exponencial de todo tipo de servicios con el proyecto Cabo Dorado.
Por lo que Joel Ávila Aguilar, secretario de Promoción y Desarrollo Económico de BCS, a nombre de Covarrubias Villaseñor, respondió a la solicitud de opinión técnica de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del pasado 27 de marzo.
En su opinión técnica, Cabo Dorado no coincidió con la vocación establecida en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, no contó con ninguno de los trámites en materia urbana a los que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano de la entidad y propuso intensidades de uso de suelo que son distintas a las políticas de desarrollo municipal.
Organizaciones no guberna-mentales, como Greenpeace, alzaron su voz en contra de la construcción del proyecto, ya que manifestaron que “la Semarnat actuó de conformidad a la ley al negar la autorización para el proyecto Cabo Dorado, ya que no es posible que en México se permitan desarrollos industriales, turísticos o urbanos que representen un riesgo para el Medio Ambiente.
Existen alternativas de desarrollo sustentable con viabilidad económica que se pueden realizar sin menoscabo del Medio Ambiente y los recursos naturales de la región”, señaló Aleira Lara, vocera de Greenpeace México.
“Reiteramos nuestra demanda a Semarnat de que establezca mecanismos de protección definitiva para la región de Cabo Pulmo, ecosistema de gran fragilidad e importancia ambiental, para evitar que en un futuro cualquier otro proyecto depredador, maquillado de sustentable, pretenda establecerse en esta región y afectar el equilibrio del Parque Nacional de Cabo Pulmo”, dijo.
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