A un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México aún está muy lejos de cumplir los compromisos asumidos en materia de medioambiente y, específicamente, en lo que se refiere a la regulación de actividades pesqueras. El sector requiere de medidas concretas y urgentes para seguir siendo competitivo, y avanzar hacia la sustentabilidad.
De acuerdo con el documento de la organización Oceana “El T-MEC y la pesca: reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones que asume el Estado mexicano en materia pesquera”, México enfrenta diversos retos en este sector, que van desde la pesca ilegal, -que se estima podría alcanzar hasta el 50% del producto total capturado-, la sobreexplotación de especies pesqueras, y la falta de aplicación en las medidas de protección a especies en peligro de extinción, como son la vaquita marina y algunas tortugas marinas que habitan en mares mexicanos.
Una de las diferencias más importantes del T-MEC con anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), es que incluye medidas de cumplimientos obligatorias y exigibles, orientadas al manejo sostenible de las pesquerías, a la conservación de especies vulnerables, y a facilitar el comercio de productos del mar obtenidos de forma sostenible y legal. Esto significa que si no se alcanzan los objetivos establecidos o no se cumplen con los compromisos acordados, los socios comerciales de México pueden tomar acciones al respecto.
“Para aprovechar al máximo los beneficios económicos de este tratado, urge una norma de trazabilidad que proporcione información de la cadena de valor que recorren los productos pesqueros”, señaló Mariana Aziz, directora de campañas de Transparencia de Oceana en México, “Con esto podremos saber qué producto pesquero cumple efectivamente con las disposiciones de conservación de especies, y demostrar que se trata de producto legal. Estos son requisitos establecidos en el propio T-MEC, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera y en la propia legislación mexicana”, agregó.
Oceana señala en su informe que México también deberá implementar esquemas de monitoreo, control, vigilancia y cumplimiento para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Entre las formas de implementar esta obligación, se contempla la existencia de un registro disponible al público y de fácil acceso de datos de las embarcaciones pesqueras existentes.
“El gobierno mexicano ya cuenta con el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), que permite a la CONAPESCA monitorear a través del sistema satelital VMS (Vessel Monitoring System) a las embarcaciones pesqueras mayores”, señaló Renata Terrazas, directora ejecutiva de la organización, “México podría hacer esta información pública, accesible y de fácil comprensión con la plataforma de Global Fishing Watch (GFW), un mapa público y de acceso gratuito que permite visualizar la actividad pesquera comercial a nivel mundial. Sólo con esta medida cumplimos parte de los acuerdos y nos permite actuar de forma más efectiva para combatir las prácticas ilegales y avanzar hacia la transparencia en el sector”.
Entre los compromisos asumidos por las partes para el combate a la pesca ilegal está la firma del acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), pero México es el único país de las tres partes que no ha firmado y ratificado.
Finalmente, es de gran importancia que México cumpla con el compromiso de asegurar un manejo sostenible de las pesquerías. “Estamos lejos de esto; cuatro de cada 10 especies pesqueras están sobrexplotadas, deterioradas o en pleno colapso y no se ha hecho nada por recuperarlas y asegurar su futuro”, dijo Terrazas.
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