Se dio a conocer que el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades rurales en el Golfo de California.
El señalamiento de investigación corrió a cargo de la petición ciudadana presentada al respecto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice en representación de 11 organizaciones locales e internacionales.
Cabe mencionar que Golfo de California abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, y sus ecosistemas se catalogan como frágil e importante para entornos sensibles, especies en peligro, aves migratorias, y comunidades que dependen económicamente de la pesca de atún, sardina, camarón y calamar. Esa actividad es fuente de empleo para cerca de 50 mil personas.
Sin embargo, el Gobierno mexicano autorizó en esa área cuatro mega resorts -Cabo Cortés, Paraíso del Mar, Entre Mares y Playa Espíritu- pese a que éstos violaban la normativa ambiental vigente en el país sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. De ese modo, se puso en riesgo el entorno natural del Golfo de California, y a las especies y comunidades que dependen del mismo.
Por ello, el Secretariado de la CCA basó su recomendación para la elaboración de un expediente de hechos en la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la evaluación y autorización de tres de los cuatro proyectos. La decisión no incluye a Cabo Cortés, cuyo permiso ambiental fue rechazado recientemente.
Al respecto, Carlos Simental, de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), dijo que «estos proyectos de la magnitud de Playa Espíritu, localizado en Marismas Nacionales [uno de los humedales más grandes de México], impactan en las pequeñas empresas locales y también en el sector pesquero, el cual se ve perjudicado cuando el ecosistema de manglar es dañado pues el mismo es un sitio de anidación de larvas y peces».
Mientras que Sandra Moguel, abogada de AIDA, expresó que «con la elaboración de este expediente de hechos, se busca mejorar la evaluación de impacto ambiental, al menos en la consideración de impactos acumulativos y residuales, la presentación de la totalidad de las obras de los proyectos, el uso de la mejor información disponible, y la incorporación eficiente de medidas de protección de especies en categoría de riesgo y de manglares, tal y como lo requiere la legislación ambiental mexicana y tratados internacionales ratificados por México.»
La investigación de lo ocurrido en el Golfo de California puede derivar en resultados positivos como reformas legales, la creación de grupos de discusión de evaluación de impacto ambiental, la mejora de esa herramienta y la presentación de proyectos de turismo sostenible que involucren a las comunidades desde su planeación. El Consejo de la CCA -integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México- decidirá en dos meses si acepta o no la recomendación de desarrollar el expediente de hechos.
«La recomendación del Secretariado subraya la preocupación grave de que México no aplica efectivamente su legislación ambiental en el Golfo de California,» dijo Martin Wagner, Director del Programa Internacional de Earthjustice.
«Ese tesoro ambiental alberga una biodiversidad marina increíble, es fuente crítica de proteína para los mexicanos y debe ser protegido en el largo plazo. Ningún megaproyecto turístico, la mayoría de los cuales provienen de inversión extranjera, debe estar exento de cumplir con la protección ambiental mexicana.»
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