Opinión

Palíndromo

* Caldero político capitalino
* Gobierno del DF, en crisis
* Información patrimonial

* NOMBRES, MUCHOS nombres de políticos capitalinos, pertenecientes a los partidos de la izquierda actual, del PRD y del partido del “Peje” López obrador (Morena), son gente que actualmente desempeña algún cargo en la administración pública u ocupan curules en la Asamblea del DF y la Cámara de Diputados. El caldero político se calienta ante la proximidad del proceso electoral del 2015 cuando cambiarán los 16 jefes delegacionales, 66 diputados de la ALDF, diputados federales y senadores del DF.

Los nombres más mencionados son los de Ricardo Monreal, Clara Brugada, Roberto Carlos Reyes Gámiz, José Luis Muñoz Soria, Carlos Augusto Morales, Aleida Alavez, Julio César y su hermano Israel Moreno Rivera y la actriz María Rojo, quien, al igual que algunos de sus compañeros, quiere regresar como delegada en Coyoacán, y sus camaradas en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. En esta ocasión, 51 candidatos independientes también quieren llegar como jefes delegacionales.

* EL DESTACADO político René Arce Islas, experredista y ahora militante del Partido Nueva Alianza, sostiene que el Gobierno del DF se encuentra en crisis y sumido en una espiral incontrolable de malas decisiones, por lo que en el proceso electoral del próximo año, el ciclo de las mayorías perredistas en esta ciudad podría llegar a su fin. Explicó que los dos años que lleva el actual gobierno capitalino han sido suficientes para generar en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo, ineficacia y mal gobierno.

Afirma que la impopularidad del jefe de Gobierno entre los capitalinos ha presentado un crecimiento constante desde el inicio de su gestión, “que ya resulta preocupante”.

* GABRIEL GOMEZ del Campo, diputado panista en la ALDF, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia del DF para que los servidores públicos presenten versión pública de su situación patrimonial, a través de Internet. Indicó que esto facilitará la detección de servidores públicos que pudieran tener conflictos de interés en el desempeño de sus funciones, en virtud de la naturaleza de su cargo y su asociación o cercanía con intereses distintos al del ejercicio profesional del servicio público.

Las declaraciones patrimoniales, menciona la iniciativa, podrán omitir los datos personales de terceros y aquellos que se encuentren estrictamente relacionados con la vida privada del servidor publico. La información pública facilitará la detección de casos que pudieran generar responsabilidad penal y administrativa por presumirse conductas ligadas a la corrupción.

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