México se está preparando para recibir a finales de año, a mandatarios de muchos países del mundo, quienes discutirán el rumbo que seguirán las acciones contra el Cambio Climático y, lo hace como una nación responsable, consciente de la necesidad de llevar a cabo acciones que fortalezcan el esfuerzo de todos los mexicanos por proteger a nuestro Planeta de la crisis ambiental que enfrentamos.
Para colaborar a ello, en la Cámara de Senadores se analiza una iniciativa que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se pretende que las autoridades impulsen la participación de este sector de la población en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en la protección al Ambiente a través del fortalecimiento de la educación en materia ambiental.
Este renglón quizá, y quitemos el quizá, es el más olvidado por todos, actores políticos y sociales en cuyas manos está la valiosa posibilidad de atender y dar respuesta al grave problema que en materia ambiental aqueja a la humanidad.
Correspondió al senador Guillermo Tamborrel Suárez, de la fracción panista, ser formalmente el proponente, ante sus compañeros senadores de la propuesta de reforma, porque durante mucho tiempo las herramientas políticas encaminadas a procurar los derechos humanos han prestado poca atención a los temas ambientales.
El legislador recordó que hace 38 años se elaboró y aprobó, el primer instrumento internacional que relacionó los derechos humanos con el Medio Ambiente denominado Declaración de Estocolmo que en su parte medular establece:
“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y al disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el Ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
México, en atención a esta tendencia mundial por la protección ambiental, incorporó este derecho en 2001 a la Constitución en su Artículo 4, bajo dos premisas: establecer el derecho de toda persona a un Medio Ambiente adecuado y sano y, consagrar la obligación el Estado de garantizar el ejercicio de tal derecho.
Se establece en su Título Segundo, denominado “de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que los menores de 18 años deberán gozar del derecho a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar, a ser protegido en su integridad, libertad, contra el mal trato y abuso sexual, a la identidad, a vivir en familia, a la salud y educación, entre otros.
Bajo este principio es que el legislador pide adicionar un Capítulo para que las autoridades federales, del Distrito federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para que niñas, niños y adolescentes gocen los beneficios de los ecosistemas e impulsen su participación en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del Medio Ambiente.
Se propone, además, asegurar la educación ambiental de los menores a fin de fortalecer la cultura en este rubro del país; garantizar el acceso a la información ambiental a través de programas de educación básica y, verificar que los medios de comunicación masiva difundan información y materiales que contribuyan con el cuidado y la preservación del Medio Ambiente.
Lo trascedente, lo realmente importante de la iniciativa, de ser aprobada, por el Congreso de la Unión, es que permitirá concientizar y educar culturalmente a la niñez y juventud mexicana, bastión para que este país, tan maltratado y al borde del colapso ambiental y ecológico, pueda recuperarse y ofrecer mejores condiciones a las nuevas generaciones que no tienen porque cargar con culpas ajenas, con ese pecado original del no hacer nada de las autoridades responsables y de la sociedad en su conjunto.
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