PEPE CAMARA
La Cámara de Diputados aprobó crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que concentrará la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, y con ello, dar una efectiva protección y restitución de sus derechos a menores de edad.
Los diputados de la LXIV Legislatura avalaron con 425 el documento que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrarla al Registro Nacional de Obligaciones.
Las procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tendrán acceso total a las bases de datos recabados cuya actualización será mensual.
Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de deudores alimentarios, estará obligada a suministrar los datos exactos que solicite el Juez o autoridad responsable del fuero local; sino lo hace así, será sancionado y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos locales.
Las autoridades federales competentes, instrumentarán medidas de restricción migratoria para que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueda salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso o existan medios de prueba que permita al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida sea utilizada como medio de evasión del pago.
Al respecto la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) resaltó que millones de niñas y niños viven “una realidad dolorosa”; además de sufrir la separación de sus padres o haber crecido con uno solo, padecen la falta de los recursos necesarios para su pleno desarrollo.
Ocho de cada 10 deudores alimentarios en México no cumplen con el pago de la pensión alimenticia, y según el Inegi tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión. Un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 68 por ciento de ellas no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.
La reforma, agregó, garantizará el reconocimiento legal de la obligación alimentaria y el Estado mexicano obligará que se cumpla y no las madres mexicanas a través de juicios costosos e interminables.
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