PEPE CAMARA
Con la convicción de garantizar a los jóvenes su derecho a gozar de un empleo formal y contar con beneficios derivados de esta situación laboral, incluidos experiencia y seguridad social, la diputada del Partido Acción Nacional, Karen Michel González Márquez, planteó reformar la Ley Federal del Trabajo.
En un documento turnado a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la legisladora sostiene que son muchas las personas de 15 a 29 años de edad, las que se emplean en la informalidad, sin tener derecho a ningún tipo de prestación y beneficio, ni mucho menos, a una fuente digna y remunerada.
Al sustentar la propuesta formal, indicó que durante el primer trimestre de 2018, la población de 15 a 29 años registró una tasa de desocupación de 3.2 por ciento a nivel nacional, es decir 1.7 millones; de 15 millones de jóvenes ocupados, 59.5 por ciento, poco más de 8.9 millones, laboró en el sector informal.
González Márquez precisó que los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan superan los ocho millones, esto es, dos de cada 10 personas; y en muchas ocasiones cuando deciden emplearse tienen que dejar sus estudios, porque horarios y condiciones laborales, no les permiten combinar ambas actividades.
“Lo más grave es que se ven sobreexplotados con jornadas extenuantes y con salarios raquíticos que no son suficientes para cubrir sus gastos”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Reporte sobre el Panorama de la Educación 2017, México fue el tercer país con la mayor cantidad de jóvenes sin trabajar ni estudiar.
“Es claro que uno de los más grandes retos para esta población, es la inserción al campo laboral; por ello, se deben establecer en la ley, medidas específicas para lograr este objetivo y apoyar a grupos juveniles desfavorecidos”, añadió la también integrante de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.
Si bien se han identificado algunas leyes emitidas por legislaturas estatales pretendiendo regular el tema, se considera que han excedido el ámbito de atribuciones que les confiere la Constitución Política.
Es fundamental desarrollar mecanismos legales que permitan poner en marcha políticas públicas eficaces que apoyen a los jóvenes para su inserción al campo laboral, particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
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