Opinión

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PEPE CAMARA

Los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron reformar y adicionar los artículos 15 y 16 de la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, estableciendo que la política nacional en la materia se apegará a los criterios generales contenidos en los tratados internacionales suscritos por México.

Los votos en pro del dictamen fueron 411, por lo que, la política ambiental nacional para la protección del ambiente, los recursos naturales, los conocimientos tradicionales asociados a éstos y a las comunidades del país, incluyendo los pueblos indígenas, deberá garantizarles una participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos energéticos.

Adiciona como principio, causar la menor afectación posible a las personas que vivan o trabajen en el área, buscando no perturbar su modo de vida y fuente de empleo; el Estado buscará mitigar las afectaciones causadas a través de la capacitación para el empleo y la aplicación de programas sociales.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, argumenta que la protección del ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras; el reto radica en combinarla con un crecimiento económico continuado de manera sostenible a largo plazo.

Resalta que entre la política ambiental y las políticas económicas, sociales y medioambientales, existe una estrecha interrelación.

Al fundamentar el documento por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela del PRI, calificó como necesario que las leyes secundarias se encuentren armonizadas con respecto al contenido de dichos tratados, para regular las conductas humanas que pueden influir en  procesos de interacción entre los sistemas de los organismos vivos y el aprovechamiento de los recursos naturales de sus ecosistemas.

Las políticas públicas, resaltó, además de ajustarse a los lineamientos del orden jurídico nacional, deben observar e implementar los criterios de orden internacional en la materia ambiental.

El diputado perredista y promotor de las reformas, José Antonio Estefan Garfias, reconoció que se reivindican los derechos de las comunidades indígenas y la materia ambiental debe significar uno de los temas principales de discusión de esta cámara, pues “la naturaleza nos ha demostrado en los últimos días las consecuencias de un desastre natural que puede tener en nuestra vida diaria y patrimonio”.

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