PEPE CAMARA
La Cámara de Diputados aprobó por 417 votos, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con lo que se crea el Mecanismo Nacional de Prevención y se pone en marcha el Programa Nacional de trabajo Interinstitucional.
Al fundamentar el dictamen correspondiente, el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que también se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y de la Ley de Extradición Internacional.
“La fórmula de esta política nacional es muy sencilla: todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos tienen un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país”, señaló.
Al fijar su postura diputados de los grupos parlamentarios resaltaron que entre otros aciertos, la nueva ley define el delito de tortura conforme a los más altos estándares internacionales.
Ordena que sea investigada y perseguida de oficio, previéndose penas de 10 a 20 años de prisión; aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad, y no podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible.
Este nuevo marco legal prevé medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas, y la no revictimización de los afectados.
Los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito, porque en la actualidad existía por supuesto encubrimiento, ahora también será posible separar cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. Las personas que hayan cometido ese delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía.
Por último, destacaron que la aprobación debe verse como un airado llamado de atención a todos los cuerpos de seguridad, de investigación y Ministerios Públicos.
En lo particular, se aprobaron con 315 votos en pro y 97 en contra, y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 13, 22, 24 y 50, impulsadas por los diputados el PRD y de Morena.
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