Hace una semana, se comentó la instauración formal de la Coordinación Nacional Antisecuestro. En esta entrega, se aborda la aprobación del dictamen que aumenta las penas corporales y administrativas, a quienes simulen la privación de su libertad o la de otras personas.
Presentado por la Comisión de Seguridad Pública, se puntualiza que se aplicarán de tres a ocho años de prisión a quien finja el secuestro de una persona, para obtener rescate o cualquier beneficio, y se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo, o de tres a seis años de prisión, al que aparente la privación de su propia libertad, por sí mismo o en complicidad.
Muchos hemos sido testigos de casos donde algunas personas han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos de sus familiares o amigos. Al aprobar una sanción mayor para quienes simulen, se evita repetir y obstaculizar la comisión del acto.
Las sanciones ya estipuladas en la ley “no son suficientes, pues al imponer castigo o pena al trabajo a favor de la comunidad, se está, prácticamente, invitando a la sociedad a que lleve a cabo este tipo de conductas”, apunta el dictamen.
Los legisladores tenemos el compromiso de generar leyes racionales y efectivas para atender un delito que ha mutado a la simulación para que padres, amigos y conocidos paguen el rescate por la supuesta liberación.
Diputados de diversas fracciones parlamentarias coincidieron en que el secuestro y el autosecuestro, se han convertido en jugoso negocio que involucra a transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflicto, y jóvenes que solicitan cantidades de dinero para solventar gastos extras. Esto afecta a personas de todos los niveles.
Su proliferación y sus diversas modalidades, no es culpa de la legislación, sino del deteriorado sistema de justicia, la deficiente preparación del personal, la falta de tecnología de investigación criminal y la impunidad.
Combatirlos requiere de equipos interdisciplinarios de trabajo, conformados por verdaderos expertos que elaboren un programa integral de política criminal de manera urgente; ir a la raíz del problema, que el gobierno federal adopte la Estrategia Nacional Antisecuestros.
Para los diputados, el problema, es más profundo, ya que el delito se genera por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades y alternativas para los jóvenes.
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