Opinión

Lo Cotidiano con Clase

Para contribuir al mejoramiento climático y la preservación de la salud de los mexicanos, el Senado de la República modificó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos.

Ahora, la Federación se obliga a elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial. Básicamente, fabricantes, importadores, exportadores y comerciantes de pilas o baterías eléctricas estarán obligados a ejecutar planes para el manejo especial de los residuos de estos productos, por lo que no podrán ya ser desechados en basureros comunes.

Las pilas dejan de ser catalogadas como un «residuo sólido urbano» al clasificarse ahora como «residuos de manejo especial», que implica que la industria debe encargarse de las baterías usadas para llevarlas al confinamiento que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De esta manera, se pretende revertir el grave daño ambiental generado por el aumento en el consumo y, en consecuencia, en el desecho de este producto.

Acorde a la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en el periodo 1996-2007, el consumo de pilas primarias en el mercado formal, pasó de 2 mil 500 a 32 mil 900 toneladas, es decir, se consumieron 12 pilas por habitante.

El resultado: entre 2006 y 2012 se generaron 33 mil 980 toneladas de residuos tóxicos, como litio, níquel, mercurio, cadmio, magnesio, plomo y zinc, que al contaminar tierra, agua y aire, causan daños al corazón, cerebro, ojos, riñones y estómago, entre otros.

El dictamen, remitido al Ejecutivo para sus efectos legales, establece: el Programa Nacional incluye la remediación de sitios contaminados y plantea la redefinición de facultades a las entidades federativas para que elaboren, y coordinen con la Federación, programas locales de residuos de manejo especial; disposiciones jurídicas, autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial e identificar los que puedan sujetarse al plan de manejo en su territorio.

Las entidades federativas y municipios elaborarán e instrumentarán programas locales de prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial con el diagnóstico básico para la Gestión Integral de Residuos.

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