La reinserción social es un objetivo imposible bajo las actuales condiciones de sobrepoblación y corrupción que ahogan al sistema penitenciario nacional, además de que más del 90 por ciento de la población sentenciada tiene una condena promedio de 15 años.
Los señalamientos corresponden a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, al comentar los resultados obtenidos por integrantes de la comisión, durante visitas a diversos centros penitenciarios federales y estatales en el país.
Este esfuerzo permitió constatar que la población existente en la Penitenciaría es de 2802 internos, cifra que excede más de tres veces la capacidad máxima para el que fue construido el centro (800 internos), y respecto al Centro Femenil de Readaptación Social, la situación no es menos complicada para 1684 internas, quienes deben enfrentar agresiones y violaciones a sus derechos humanos en razón de su condición de género.
Hacinamiento; servicios médicos deficientes, deplorables condiciones materiales e higiénicas de los dormitorios y comedores; personal de seguridad y custodia insuficiente y mal capacitado, y corrupción en todos los ámbitos, al interior, entre otros factores negativos, son consecuencias naturales de la sobrepoblación.
Conocer de primera mano las condiciones reales que prevalecen y que en los hechos se convierten en el principal obstáculo para la reinserción social de las personas privadas de su libertad, es el objetivo de las visitas, indicó.
En 15 años recuperarán su libertad más de 200 mil personas que estarán profundamente resentidas por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en la prisión. De ahí, el reto a enfrentar:
Garantizar el elemental respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es una obligación del Estado y una inversión que tiene como objetivo proteger a la sociedad.
Establecer penas alternativas a la privación de la libertad, un programa integral de pre liberaciones y redefinir la concepción que se tiene de la reinserción social, y aprobar una ley que ponga orden y garantice respeto de los derechos humanos, es asunto de la más alta prioridad, concluyó la senadora.
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