Introducción
En nuestra edición anterior hablamos de la actitud del presidente ante el Poder Legislativo. Sus reclamos provocaron una percepción de incumplimiento de senadores, pero más de diputados, hecho a modo del interés de detractores de la representación popular. Entre éstos, los dueños del duopolio televisivo. No olvidan la reforma electoral del 2007 que los sacó de uno de los más pingües negocios. Cómo estarán de dolidos que el señor Salinas Pliego retó a quien retado se hubiera sentido, en el debate de candidatos a la presidencia. No aceptó cambiar de horario el partido de la liguilla, para trasmitir el encuentro de aspirantes a la presidencia. Como si el encuentro futbolero Morelia – Tigres motivara mayor interés. Con la soberbia que le es característica dijo: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el futbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”. Al día siguiente el reporte de “rating” arrojó: el encuentro de los aspirantes a Los Pinos 10.4 puntos, el duelo futbolístico alcanzó 9.0. El asunto no tendría mayor relevancia si no fuera porque es revelador del sentimiento de frustración que embarga al dueño de TV Azteca ¿No que muy interesados en la defensa de la libertad de expresión, de lo que son tan vehementes defensores sus personeros Javier Alatorre y Sergio Sarmiento? A los ojos de algunos analistas políticos el Congreso no cumplió cabalmente con sus responsabilidades. Para otros más, diputados y senadores estuvieron dentro de su rango, no hicieron más, pero tampoco menos, de lo que nos tienen acostumbrados legislatura tras legislatura. Entre otros hechos, en comisiones, dejaron cualquier cantidad de iniciativas sin dictamen. Permanecerán en la congeladora, si bien por preclusión pueden pasar directamente al pleno. Pero difícilmente serían aprobadas.
Comisión Permanente
Durante los recesos del Congreso de la Unión se instalará una Comisión Permanente compuesta por 37 miembros: 19 diputados y 18 senadores. Para la elección de su mesa directiva, los diputados y senadores elegirán, por mayoría, presidente, vicepresidente y cuatro secretarios; de éstos, dos diputados y dos senadores. Sus sesiones tendrán lugar una vez por semana. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras, se llevarán a cabo previa convocatoria del Presidente. Entre las atribuciones de la Comisión, están las de recibir durante el receso iniciativas de ley, observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo, y proposiciones, y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la cual vayan dirigidas, a fin de que se gestionen en el periodo ordinario inmediato de sesiones. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que se presenten en el receso a esta comisión, se turnarán a las de la instancia que corresponda; acordar convocatoria a sesiones extraordinarias, previo señalamiento del objeto que la motiva. Cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos, se imprimirán y se ordenará su inserción en el Diario de los Debates; se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso, y se enviarán a las comisiones a las cuales vayan dirigidas. Una atribución fundamental: la Comisión designaría presidente provisional, en caso de falta absoluta o temporal del presidente de la República, durante el receso legislativo. En la misma sesión se convocaría al Congreso General a un periodo extraordinario, para nombramiento de presidente interino o sustituto. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos). Los senadores integrantes de la Comisión Permanente (en la entrega anterior dimos a conocer el nombre de los diputados) son: PAN, José González Morfín, Francisco García Cervantes, Humberto Aguilar Coronado, Luis Alberto Villareal, Adriana González Carrillo, Rubén Camarillo Ortega, Sergio Álvarez Mata; PRI, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Rogelio, Humberto Rueda, Sánchez, Carlos Jiménez Macías, Renán Cleominio Zoreda; PRD, Leonel Godoy, Dolores Gutiérrez Zurita, Carlos Sotelo García; PVEM, Tomás Torres Mercado; Movimiento Ciudadano, Julián Güitron Fuentevilla; PT Ricardo Monreal.
De la Comisión deParticipación Ciudadana
Dice la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía: “Crear presupuestos participativos impulsaría el desarrollo social” La participación de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de la gestión pública es medio necesario para acceder a mejores niveles de desarrollo social. Afirmó la diputada del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. Por ello, la legisladora, secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa orientada a promover presupuestos participativos, “mediante una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que garantice el cumplimiento a las necesidades de desarrollo social de las comunidades”. La iniciativa va orientada a fortalecer el derecho de los ciudadanos para decidir cómo quieren que se gaste su dinero. “Los presupuestos participativos atenderían necesidades reales de la sociedad”. La democracia participativa responde a una exigencia permanente de la sociedad civil, como parte de la democratización del ejercicio del poder público. “La sociedad debe asumir también el compromiso de decir qué es lo que requiere. Se trata de ejercer a cabalidad el poder de los ciudadanos de decidir cómo quieren que se gaste su dinero”. En reunión con jóvenes interesados en conocer las actividades del Congreso, Rosaura Ochoa expresó que para acceder a una verdadera pluralidad se debe buscar la construcción de figuras jurídicas de participación ciudadana que definan los espacios deliberativos de la sociedad civil, con poderes públicos para la construcción de consensos. Jamás se ha dictado la ley reglamentaria de los procedimientos de participación popular. “Es indispensable que el texto constitucional indique con mayor claridad la diferencia entre democracia representativa y participativa, y sus bases normativas”. El sufragio, derecho, debiera evolucionar a obligatorio. “No se pretende crear un Estado represor, sino hacer un llamado a la sociedad para que ejerza ese derecho al voto, porque se corre el riesgo de que no se dé una verdadera democracia”. Si se apuesta a que cada vez menos ciudadanos sean quienes participen, cada vez habrá menor legitimidad en las personas que accedan a un espacio de poder. En los tres órdenes de gobierno. Figuras complementarias como plebiscito y referéndum podrían enriquecer las formas en cómo destinar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. “El Ejecutivo manda una propuesta y en Cámara de Diputados se modifica, en tanto tenemos contacto con la ciudadanía y sabemos cuáles son sus necesidades, sus demandas. Sin embargo, es necesario que la población levante más la voz. La diputada Ochoa pone sobre la mesa de las deliberaciones una cuestión fundamental para la vida de las instituciones nacionales. La gobernabilidad es condición para avanzar con certidumbre a destinos que más que deseados son obligados. Cómo lograr gobernabilidad cuando los gobiernos son cada vez más cuestionados por parte de los gobernados y por grupos de poder que se asumen como sus representantes con capacidad para calificar planes y programas, actividades y acciones en desarrollo desde las instancias del poder público.
Comisión de Vigilancia de laAuditoría Superior de la Federación
La diputada Esthela Damián Peralta, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informa que la ASF, cuyo titular es el contador público certificado Juan Manuel Portal, ha logrado recuperar, por la revisión de las cuentas públicas de 2001 al 31 de diciembre de 2011, 56,374 millones de pesos. Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, se lograron recuperaciones por 6,351 millones de pesos, en el curso de las revisiones. Al 31 de diciembre de 2011, por la fiscalización de las Cuentas Públicas 2001 a 2009, se recuperaron 50,023 millones. Dijo la diputada que el análisis de la Cuenta Pública del 2010 estableció que los sectores, sin considerar estados y municipios, a los que se determinaron mayores montos de recuperación fueron: Energía, Economía, Salud y Educación Pública. Del gasto federalizado, los fondos a los que se determinaron mayores montos de recuperación fueron: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 10,676 millones de pesos, y el Seguro Popular, con 5,800 millones. Los estados a los que se determinaron montos más altos fueron: Veracruz, 4,324 millones, Estado de México, 3,l90 millones; Oaxaca, 1,843.2 millones, y Jalisco, 1,706 millones. En cuanto a dictámenes negativos, el 59.3 por ciento correspondió a las revisiones efectuadas al gasto federalizado. Las entidades federativas con más dictámenes de este tipo fueron Durango, Guerrero y Michoacán, 10 cada una; y Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco y Morelos, con 9. Sin considerar los dictámenes a las revisiones practicadas al gasto federalizado, los sectores que presentaron mayor número de ellos, negativos, fueron: Energía, con 24; Hacienda y Crédito Público, 16; Educación Pública, 13; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 11; Comunicaciones y Transportes, 11; entidades no coordinadas sectorialmente, 10. Finalmente, la diputada Damián Peralta indicó que destacaron con dictámenes negativos la Secretaría de Hacienda, con 11; PEMEX Refinación, 9; Comunicaciones y Transportes, 8; Comisión Nacional del Agua, 7; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y PEMEX Exploración, con 6 cada una.
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