Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, en la Cámara de Senadores, echaron abajo la propuesta de prórroga para el registro de teléfonos celulares hecha por la Cámara de Diputados, propuesta a la cual se llegó de manera consensada.
El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Carlos Navarrete, había advertido que su decisión iba en ese sentido.
Así, los usuarios de ese servicio no tendrán alternativa, o se registran ante el Renaut a más tardar el día 10 del mes en curso, o serán sancionados mediante la suspensión del servicio. Si bien la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, que preside Héctor Osuna, informa que se hará lo necesario para restablecer el servicio al cumplimiento del requisito.
Más de veinte millones de usuarios serán afectados al aplicarse las sanciones previstas por la norma, que corresponde a una iniciativa generada a partir del Acuerdo Nacional para la Seguridad, suscrito por el gobierno y particulares a fin de mejorar los procedimientos para enfrentar a la delincuencia organizada. Lo que no se analizó en aquel momento fue la pertinencia de la medida desde el punto de vista de eficacia y de costo social, y económico también.
Los usuarios del servicio de telefonía celular no se registran por causas diversas. Van desde la desidia hasta la desconfianza en las autoridades, pasando por el desconocimiento del trámite.
De la desidia poco se habla. La experiencia demuestra que en todo aquello en que las personas tengan que cumplir un trámite ante instancias oficiales o privadas se espera hasta el último momento. Sea para hacer un pago o pasar la verificación vehicular.
Otra explicación es la de quienes no entienden el procedimiento porque entre sus conocimientos no está el de saber cómo se hace el registro, por sencillo que parezca a quienes diseñaron el procedimiento.
El otro caso, entre las hipótesis planteadas, es el de la desconfianza a las autoridades. ¿Quieren mis datos para qué? ¿Quién los va a manejar? ¿Lo hará con honestidad? ¿Puedo confiar en los servidores públicos que tienen en sus manos estas bases de datos? Con frecuencia la respuesta es no. Precisamente en estos días se ha discutido en la Cámara de Diputados la cuestión de la protección de datos personales. Los debates ha sido arduos en el seno de la Comisión de Gobernación que preside el diputado Javier Corral y si bien se ha avanzado, hay una cuestión que queda pendiente: las sanciones a quienes hagan uso indebido de las bases de datos.
En el caso de los celulares, del registro, va a ocurrir que muchos de los usuarios seguirán siendo víctimas de extorsión, de amenazas, de espionaje, por parte de delincuentes, pero también, de personeros de instancias gubernamentales como ha ocurrido en casos de intervención de líneas telefónicas, sólo que estas víctimas ahora dirigirán su vista al gobierno y sus sistemas de vigilancia para ubicar a los perpetradores.
Además de que se ampliará el mercado negro de teléfonos celulares asistiremos a un aumento perceptible del robo, aún con violencia, de este tipo de aparatos. Resulta ingenuo pensar que delitos como los mencionados tendrán su origen en móviles registrados.
En fin, ante evidentes desencuentros entre instancias legislativas, y los otros poderes, debidamente percibidos por gobernados y analistas atentos a cuanto ocurre en los gobiernos de México, podemos concluir: cuánto peligroso es dejar las iniciativas que crean, modifican o derogan las normas que nos rigen, en manos no calificadas.
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