Sacudida por la pandemia del coronavirus (COVID-19), Italia ahora enfrenta otro problema: explicar al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) la forma en que el Estado buscará acabar con la falta de transparencia a la que se enfrentan los aspirantes a ejercer la abogacía como profesión.
Debido a que se tienen diversos argumentos burocráticos que impiden que los nuevos profesionistas en Derecho de la nación europea puedan ejercer su carrera, de esta manera, impiden que en el futuro cercano la población tenga acceso a la justicia.
Esta situación se ha vuelto una trama de conflicto de interés en la que están involucrados abogados, jueces y magistrados, quienes obtienen millonarias ganancias en el proceso de aplicación de exámenes a dichos aspirantes.
Vittorio Corasaniti, del Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (CERSDH), declaró que este tema rompe el estado de derecho y acceso libre a ejercer una profesión, que debe ser investigada a nivel Europa, ya que se viola el libre derecho al trabajo de los individuos.
Detalló que los aprendices no tienen derecho de ejercer su profesión, pese cumplir sus años de estudio, sus años de aprendizaje en bufetes y al final todo queda al libre albedrio de un jurado que sin informar los porqués, puede frenar el libre paso de las personas para recibir su licencia profesional.
Quienes culminan la licenciatura en derecho, tras 5 años de estudios universitarios, deben someterse a un periodo de 18 meses de “aprendizaje” en un despacho de abogados, en la mayoría de los casos sin recibir remuneración alguna pese a que deben dedicar todo el día a esa labor.
Sólo así, el aprendiz puede acceder a las dos etapas de examinación para ser abogado: la 1ª consta de tres pruebas escritas en las que, de resultar aprobado, puede aplicar a la 2ª etapa, que es un examen oral.
Para poder realizar las tres pruebas escritas, los aspirantes deben adquirir obligatoriamente una serie de códigos legislativos comentados con la jurisprudencia más relevante, cuyo costo es muy elevado, y en muchas ocasiones tomar un curso especializado en escuelas privadas, con el ánimo de tener una mejor preparación.
Sin embargo, no son los conocimientos ni la preparación de los aprendices lo que determina que luego de 6 meses puedan recibir un resultado aprobatorio o no. En realidad, las evaluaciones están sujetas a un criterio de aleatoriedad que aplican las comisiones examinadoras, integradas por abogados, magistrados y docentes universitarios.
El tema se estima se viene agravando desde el 2012, cuando los casos de corrupción y se ha sabido de pagos ilegales de efectivo para los jurados calificadores para aprobar a los futuros profesionistas, dejando que sólo personas con alto nivel adquisitivo puedan solventar el tener la licencia de abogado en Italia.
Lamentó que el Ministerio de Interior y de Justicia de Italia, pese a que se le han hecho saber estos hechos de corrupción, no se ha actuado al respecto, mas ahora, que todo tipo de procedimiento legal y judicial están frenados debido a la presencia del coronavirus (COVID-19).
Esta realidad, abundó, provoca que se tengan más de 30 mil profesionistas subempleados, que por ley, no pueden ejercer la profesión del Derecho y ello, impide que millones de italianos tengan acceso a la justicia legal.
El especialista dijo que la excesiva burocracia y corrupción oficial no es exclusiva de zonas lejanas a la Unión Europea, pues este caso en Italia es un claro ejemplo de como el interés de grupos de poder y económico detiene el acceso de personas comunes el poder acceder a estudios legales y defender a sus similares en cortes italianas.
“Esta legislación se aprobó desde mediados del siglo pasado en la época del fascismo, cuando se buscaba impedir que la gente actuará con base a la ley a favor de sus derechos ciudadanos y por interés económicos en la actualidad, prohíbe que se modernicen estas leyes caducas”, informó.
Enfatizó que “el gobierno al impedir que la gente pueda ejercer el Derecho legal y penal busca reducir el acceso a la justicia al pueblo italiano, esto es inconcebible en esta época y en la Unión Europea”.
Esto ha sido públicamente aceptado por el Ministro de Justicia de Italia, Alfonso Bonafede, quien en una reunión del Consejo Nacional Forense (órgano de gobierno de la abogacía italiana), señaló que “la habilitación estatal para ejercer como abogado en Italia no depende de las capacidades de quien pretenda serlo, sino de la casualidad a la que se someten las evaluaciones de los exámenes escritos”.
Y aunque resulte sorprendente, la justicia italiana ha legalizado esta práctica, pues el Consejo de Estado y la Corte Constitucional así lo dictaminaron en diferentes sentencias.
Detrás de todas estas prácticas legales, pero no legítimas, subyace un millonario negocio en el que están involucrados jueces, magistrados y editores que elaboran y venden los códigos legislativos comentados (los cuales se actualizan cada año, y cada año los aspirantes al examen están obligados a adquirirlos), y son dueños de las escuelas privadas en las que se dan los cursos de preparación para los exámenes.
Asimismo, esos jueces y magistrados son los mismos que deben analizar y decidir eventuales recursos administrativos de los aspirantes abogados contra las decisiones de las comisiones examinadoras. Todo esto constituye un claro conflicto de interés, que les deja ganancias estimadas en más de 20 millones de euros al año por la venta de los códigos y los cursos en las escuelas privadas.
Por ello, resulta lógico que de los 30 mil aspirantes que aplican al examen cada año, sólo un 40% logra aprobar las pruebas escritas, de los cuales sólo 20% pasa el examen oral para obtener la cédula que le permitirá ejercer profesionalmente la abogacía en Italia.
Esta situación fue denunciada ante el Comité DESC de Naciones Unidas por el Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (CERSDH), logrando que el organismo internacional pidiera al gobierno italiano amplias explicaciones al respecto.
A la par, la denuncia presentada por esta organización no gubernamental ha permitido que también la Dirección General de Competencias de la Unión Europea esté analizando el conflicto de intereses en que incurren jueces y magistrados, en tanto que conlleva una grave violación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Mérida en 2003, además de lesionar el principio de no discriminación y el derecho al trabajo garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, el CERSDH alerta que “la falta de transparencia y el conflicto de intereses imperantes en Italia en la aplicación de los exámenes afecta a miles de profesionistas, algunos de los cuales tratan de obtener su título en otros países de la Unión Europea, lo que ha generado incluso graves casos de corrupción internacional”.
Esta situación es única en Italia, pues en las otras naciones integrantes de la Unión Europea (UE) no tienen en sus estatutos de profesionales, este tipo de trabas legales. “Alemania, Reino Unido, España y Francia, otorgan las licencias por méritos a los futuros profesionales del derecho, no por medio de exámenes legales que nunca se determina el por qué alguien lo aprueba o no”.
Detalló que el tema sólo es analizado públicamente en épocas electorales, en otros instantes no recibe la atención adecuada por parte de las autoridades italianas. “No apreciamos solución pronta al tema, se le sigue dando soluciones clientelares. Además que provoca que muchos estudiantes de escasos recursos se vayan a estudiar a otras naciones europeas y obtener sus licencias de abogacía”.
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