Opinión

ATISBOS

Presupuesto electorero para 2024

Rafael Cienfuegos Calderón

En el año electoral de 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) prioriza la política social con 543 mil 933 millones de pesos (26% más recursos que el presente año), con el propósito de que sus beneficios sigan llegando a más de 30 millones de familias que reciben cuando menos un apoyo económico directo y en efectivo de los programas del Bienestar.

Al más importante de esos programas, el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que tiene más de 12 millones de personas inscritas, se propone canalizar 465 mil 048.7 millones de pesos (37% más) que saldrán de los 543 mil 933 millones que se proyecta asignar de presupuesto a la Secretaría del Bienestar.

Con ese monto se cubriría el aumento del dinero que se reparte bimestralmente de cuatro mil 800 pesos a seis mil y -especulando de mala leche-, el costo del voto que puedan emitir los electores mayores de 65 años a favor de la candidata  presidencial del líder del cambio e inventor de la transformación.

Acorde al lema “primero los pobres” del presidente del “pueblo” que el pasado 5 de enero expuso: “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, la Secretaría de Hacienda diseñó una propuesta de gasto gubernamental que garantiza los recursos económicos para sostener la política de desarrollo social.

Y pobres, hay muchos en el país.

Son 46 millones 800 mil personas las que viven en pobreza (36.3% de la población total) de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este organismo autónomo expone que mientras disminuyó en cinco millones 100 mil el número de quienes se encuentran en esa condición de vida al pasar de 51 millones 900 mil en 2018 a 46 millones 800 mil en 2022, se sumaron 400 mil a la pobreza extrema, de 8 millones 700 mil personas a 9 millones 100 mil.

Para apoyarlos, entre 2019 y 2023, el presidente del cambio aumentó el gasto de los programas Pensión para las Personas Adultas Mayores, de 123 mil 092.2 millones de pesos a 339 mil 341.3 millones; de Becas de Educación Básica Benito Juárez, de 31 mil 733.1 millones a 34 mil 922.1 millones; de Universidades del Bienestar, de 1 mil 230 millones a 1 mil 476 millones; de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, de 21 mil 270 millones a 37 mil 554 millones; de Jóvenes Construyendo el Futuro, de 5 mil 317 millones a 23 mil 090 millones; de Sembrando Vida, de 18 mil 463 millones a 37 mil 136 millones; de Jóvenes Escribiendo el Futuro, de 9 mil 195 millones a 11 mil 162 millones; y de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de 2 mil 413 millones a 2 mil 926 millones.

Con esos recursos, según el gobierno del cambio, se atiende principalmente a los sectores más necesitados, pero las transferencias monetarias no llegan a todos los que tienen niveles mayores de pobreza por limitaciones en el acceso a los programas sociales. En 2018, las transferencias representaron 18.7% del total de los ingresos mensuales de las personas más pobres. Para 2020, esta proporción se redujo a 12.5%, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Coneval, indicó Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Expansión Política, 12-09-2023).

En opinión de Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas (Expansión Política, 12-09-2023), ante algunas fallas detectadas en los programas sociales, como falta de transparencia en su operación y elección de beneficiarios, estas iniciativas abren la puerta a usarse con fines electorales.  “Sabemos que, de cara a las elecciones de 2024, el gasto social se puede convertir en una poderosísima arma electoral”.

 

Acerca de Juan Carlos Machorro

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