Opinión

ATISBOS

La controversia del INE, la Suprema Corte y las firmas

Rafael Cienfuegos Calderón

Como era de esperarse el Instituto Nacional Electoral (INE) recurrió (con apego al artículo 105 de la Constitución) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó al presupuesto que había solicitado. “Eso lo imposibilita a organizar y validar la consulta de revocación de mandato y cumplir el mandato de ley”, expuso el consejero Ciro Murayama. Afirmó, además, (y no se equivoca) si algo sabe hacer el INE son votaciones, es lo que le acerca a la gente y lo confirma como la institución pública más valorada por la sociedad. “Pero no jugará con los derechos políticos de la ciudadanía haciendo remedos de ejercicios democráticos que no se ajusten a la legalidad” (El Universal 13-12-2021). La realidad es que, hay que entenderlo, no se puede exigir a la autoridad electoral que realice algo tan grande y complejo, similar a una elección por la Presidencia de la República, sin dotarlo del dinero necesario. El recorte deja al INE en la imposibilidad material de realizar la posible revocación en “términos “constitucionales” y legales. Subraya Murayama en “términos constitucionales” por tratarse de una votación nacional, una genuina jornada electoral, no de un mero “sondeo”. El presupuesto 2022 que presentó el INE cubría el financiamiento público a partidos políticos, dinero que no determina ni ejerce, por 5,821 millones de pesos; recursos del INE para cumplir atribuciones permanentes y organizar seis elecciones estatales, 13,084 millones; y una partida “precautoria”, como le llamó la Suprema Corte, por 5,743 millones para la eventualidad de que se realice la revocación de mandato (3,930) y una consulta popular (1,913). Pero la aplanadora de Morena y partidos rémora le quitaron 4,913 millones de pesos. El Consejo General del Instituto ajustó el presupuesto asignado y liberó 1,503 millones de pesos para la revocación, pero hay un déficit de 2,327 millones (Murayama). Aun así, y si la Corte falla en contra de la controversia, el INE informó que si se reúnen las 2 millones 758 mil firmas requeridas, está en disposición de organizar la revocación de mandato, empero, no con 161 mil casillas como manda la ley ni con los 12 millones de ciudadanos sorteados y capacitados que serían funcionarios. Al 6 de diciembre el INE había recibido 971 mil 741 firmas, de las que se validó en la Lista Nominal  a 791 mil 428 electores, el resto son apócrifas; la asociación “Que siga la Democracia” entregó 1 millón 68 mil 157 papeletas más de apoyo el día 9.

 

Acerca de Juan Carlos Machorro

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