En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera (4 al 18 noviembre) en su edición digital debido a la contingencia, es importante recapitular los principales avances, retrocesos y cambios que México ha tenido en materia de inclusión financiera. Mientras que globalmente enfrentamos una de las mayores crisis económicas ocasionada por las medidas de aislamiento social, y al tiempo que se modifican por completo las formas de interacción de las personas en el día a día, los avances y deudas en materia de inclusión financiera se han convertido en una de las herramientas más importantes a nivel mundial para reestablecer los niveles de transaccionalidad monetaria que se tenía, previos a la pandemia por coronavirus.
Actualmente, México cuenta con una nueva Política Nacional de Inclusión Financiera, la cual fue publicada el 11 de marzo de 2020, tan solo unos días antes de iniciar las medidas de distanciamiento social para atender las recomendaciones de salud. Si bien en su momento, la publicación fue opacada por la creciente atención en la pandemia, la misma situación sanitara la ha situado como una política cuya aplicación se ha vuelto cada día más relevante por sus implicaciones económicas en el país. Por tal motivo hemos querido rescatar los aspectos más destacables de la nueva PNIF 2020 y presentar al mismo tiempo la actualización de las últimas cifras presentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al respecto de la inclusión financiera en México.
En septiembre de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2020, en el cual se presenta la información más actualizada concerniente a infraestructura financiera, cuentas, créditos, cuentas de ahorro para el retiro, seguros, transacciones y protección al consumidor, con la finalidad de ofrecer una perspectiva de en dónde nos encontramos en materia de inclusión financiera; también se reporta un análisis de las brechas de género en la tenencia de productos y servicios financieros. A continuación, se muestran los principales resultados del informe (Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV], 2020).
En términos de infraestructura al cierre del 2019, el informe señala que el número de sucursales bancarias en total alcanzó una cifra de 16,883 con lo cual se registra al menos una sucursal en 51% de los municipios del país, en donde se ubica el 92% de la población; siendo Ciudad de México, la entidad con el mayor número de sucursales con 1,899 y Tlaxcala el de menor número con 114. En cuanto al número de corresponsables bancarios, se registraron 48,397 representando un crecimiento de 8.0% con respecto a 2018 y una cobertura municipal de 74%, dando como resultado una cobertura demográfica de 98%. Con respecto a cajeros automáticos se reporta un crecimiento de 6.3% con respecto a 2018, para llegar a una cifra de 57,950 unidades, las cuales permiten una cobertura demográfica de 95%. Finalmente, el número de terminales punto de venta (TPV) tuvo un crecimiento de 29.1% con respecto a 2018, alcanzando la cifra de 1,319,428.
Con relación a las cuentas de captación en 2019, el informe señala que se registraron 125,997,761 contratos, que representan un crecimiento de 4.1% respecto al 2018; adicionalmente, se detalla que la banca múltiple concentró la mayor parte de estas cuentas (78%) seguida muy de lejos por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (12%). Respecto al crédito a personas físicas en ese mismo año, se reportaron 59,707,436 logrando un aumento de 3.2% con relación a 2018; en estos instrumentos financieros la banca múltiple concentró el 93%. En cuanto al número de cuentas administradas por las Afores en 2019, se señala un incremento de 4.7% en comparación con 2018 y una cifra de 65,837,742; en cuanto a los rangos de edad que concentran el mayor número de cuentas, se encuentra el de personas menores de 35 años con 38%, seguido muy de cerca por el de personas entre 35 y 49 años de edad con 37%. Con respecto a la posesión de seguros por personas físicas y morales, se registraron 582,245 millones de pesos en el monto de primas directas en 2019, es decir, un incremento de 11.1% con respecto a 2018.
Otro de los elementos que se destaca del informe es el referente al análisis de las brechas de género en la tenencia de productos y servicios financieros. En este apartado se señala que en 2019 la brecha entre las mujeres en posesión de una cuenta de captación con respecto a los hombres con una cuenta del mismo tipo fue de 4.9 pp; ya que, del número de cuentas de captación de la banca múltiple 52.4% fueron de mujeres y 47.6% de hombres. Sin embargo, en posesión de tarjetas de crédito, se registró una brecha de 2.8 pp en favor de los hombres. De igual forma, en los créditos hipotecarios se registró una brecha en favor de los hombres por 24.8 pp; esto es, del total de créditos hipotecarios (1,408,209) los hombres poseían el 62.4%, mientras que las mujeres el 37.6%.
En definitiva, México cuenta con avances importantes en materia de inclusión financiera. No obstante, la nueva PNIF se presentó este año como una carta importante de la actual administración para lograr atender las carencias financieras aún persistentes en la población mexicana.
En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, es relevante mencionar que la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera integra y coordina los esfuerzos del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y del Comité de Educación Financiera (CEF) en materia de inclusión y educación financiera, por lo que, dentro de esta PNIF, se incorpora también la nueva Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF).
La estructura de la PNIF 2020, parte de un objetivo general de “fortalecer la salud financiera de la población mexicana, a través del incremento en el acceso y uso eficiente del sistema financiero, del desarrollo de las competencias económico-financieras, y del empoderamiento del usuario”, y presenta los siguientes 6 objetivos específicos:
o Objetivo 1: Facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme).
o Objetivo 2: Incrementar los pagos digitales entre la población, comercios, empresas y los tres niveles de gobierno.
o Objetivo 3: Fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y servicios financieros y reducir las asimetrías de información.
o Objetivo 4: Incrementar las competencias económico-financieras de la población.
o Objetivo 5: Fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección financiera.
o Objetivo 6: Favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas adultas mayores, indígenas y población rural.
Asimismo, en total posee 21 estrategias para los objetivos específicos; 97 líneas de acción para el cumplimiento de las estrategias (9 son líneas de acción para la estrategia transversal de generar información e investigación para identificar barreras y áreas de oportunidad en la inclusión financiera de la población); y 50 indicadores asociados a las estrategias (con 17 líneas de acción prioritarias). La actual PNIF presenta un contenido más robusto que la anterior, principalmente porque se tienen definidas metas para 2024 y un plan de seguimiento para las mismas.
En cuanto a la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), la actual PNIF 2020 considera algunas acciones relevantes de la Estrategia Nacional de Educación Financiera publicada el 7 de septiembre del 2017 (Comité de Educación Financiera, 2017), como son: 1) “fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria, desde edades tempranas”, aunque ahora lo acota a “aprendizajes mínimos en educación económico-financiera para niños y jóvenes que cursen educación obligatoria (definida en el artículo 6 de la Ley General de Educación como educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior); 2) “desarrollar, en coordinación con la iniciativa privada y no gubernamental, programas de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de cada segmento de la población y de las empresas”, pero las delimita a “establecer estándares mínimos para los programas de educación financiera de las entidades financieras, iniciativa privada, asociaciones gremiales, civiles y rurales” y a “fortalecer la coordinación de las iniciativas en educación económico-financiera, para evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del sector público y de éstas con otros actores”; 3) “generar datos, información y mediciones para evaluar y en su caso, modificar y mejorar, los esfuerzos de educación financiera”, asociado con la estrategia transversal de “generar información e investigación para identificar barreras y áreas de oportunidad en la inclusión financiera de la población”; y 4) una de las actividades dentro la línea de acción 4, de la ENEF 2017, que se mantiene en la nueva PNIF es la “4.3.1. Continuar con la realización anual de la Semana Nacional de Educación Financiera (en México, Estados Unidos y Canadá) en coordinación con la iniciativa privada, incrementar el número de instituciones participantes y de localidades que reciben actividades”, sólo que, en lugar de enfocarla a Estados Unidos y Canadá, se abre la posibilidad de más países.
Por otro lado, hay dos aspectos, en términos de educación financiera, que recalcar con la nueva estrategia que se presenta en la PNIF 2020:
No sólo se estructura para cumplir los cuatro elementos clásicos de la inclusión financiera (acceso, uso, educación financiera y protección al usuario), sino que se enfoca en incidir en la salud financiera de la población mexicana y, con ello, coadyuvar a la disminución de la pobreza y la desigualdad.
Se tiene el objetivo de “incrementar las competencias económico-financieras de la población”, donde es prioritario: 1) Incorporar educación económico-financiera y digital entre los beneficiarios de programas sociales (4.2.4) y 2) integrar los contenidos en materia de educación económico-financiera en los planes y programas de estudio de la educación obligatoria, que establece la Ley General de Educación (4.1.2).
- El cumplimiento de las metas de la actual PNIF implicará cambios en el acceso, uso, educación financiera y protección al consumidor para 2024
Como parte del análisis de los indicadores y metas que incluye la PNIF 2020, se estimó el impacto de algunos indicadores, aislando el efecto por crecimiento poblacional y el efecto por incrementar su línea basal. A continuación, se presentan algunos resultados relevantes para cada uno de los 6 objetivos:
En cuanto a las metas del Objetivo 1, de “facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme)”, observamos que: 1) hay metas correlacionadas entre sí, como son el de porcentaje de personas adultas que tiene al menos un producto financiero, con el porcentaje de personas adultas con al menos una cuenta, y el número de cuentas de la banca por cada 10 mil personas adultas; 2) las metas no contabilizarían la inclusión financiera en empresas con menos de 6 personas ocupadas, las cuales forman parte relevante en México, considerando que en 2018 eran 156,972 establecimientos semifijos en México y 4.6 millones de establecimientos fijos de 0 a 6 personas ocupadas (INEGI, 2018a); 3) aunque se incluyen la mayoría de productos y servicios financieros, no se observan acciones para facilitar instrumentos financieros como el factoraje (Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera de Colombia (CIIFC), 2016) y los créditos prendarios (por ejemplo las acciones de las casas de empeño o de los Almacenes Generales de Depósito).
Al revisar las políticas o estrategias de inclusión financiera de otros países, observamos temas que no se mencionan para este objetivo, pero podrían contribuir con el acceso a los sistemas financieros, como: 1) las acciones relacionadas con la formalización de empresas (CIIFC, 2016; Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay (MEFU), 2016; Tanzania’s National Financial Inclusion Council (TNFIC), 2018) y 2) el análisis del proceso de enajenaciones de garantías (como la discusión sobre la idoneidad de los tiempos procesales, acciones para darle “liquidez” a las garantías en proceso de enajenación, en conjunto con apoyos a personas cuyos bienes están siendo enajenados) (CIIFC, 2016; (Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera de Colombia (CIIFC), 2016; Republic of Mozambique’s Bank (RBM), 2016).
Respecto de las metas del Objetivo 2, de “incrementar los pagos digitales entre la población, comercios, empresas y los tres niveles de gobierno”, observamos que la PNIF anterior tenía acciones relacionadas con el establecimiento de programas de financiamiento con la Banca de Desarrollo para apoyar a los intermediarios financieros en la adopción de nuevas tecnologías, tema que se omite en la PNIF vigente. Por otro lado, la PNIF actual mantiene acciones relacionadas con la aceptación de pagos electrónicos en comercios, principales medios de transporte público y pagos gubernamentales; sin embargo, antes se hablaba de “incentivarlos” y ahora sólo de “promoverlos”, transformándolas en acciones indirectas.
Una de las actividades que tienen en su estrategia algunos países para incrementar el uso de pagos digitales es el tema de la identificación, para ello hay países que están proponiendo la generación de una identidad digital (TNFIC, 2018; United Kingdom’s Financial Inclusion Commission (UKFIC), 2015), tema que podría fortalecer este Objetivo.
En relación al Objetivo 3 de “fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y servicios financieros y reducir las asimetrías de información”, observamos que falta una meta específica sobre infraestructura (puntos de acceso) en localidades, ya que hay 50.8 mil localidades (57.6% del total de localidades en México) que no están cubiertas con al menos un punto de acceso en un radio de 4 kilómetros; asimismo, consideramos que hubiese sido oportuno definir o mencionar una meta (y línea basal) relacionada con la cobertura garantizada de los Prestadores del Servicio Móvil (4G o 5G) en México, considerando el uso de teléfonos móviles como un punto de acceso al sistema financiero.
Analizando el Objetivo 4, de “incrementar las competencias económico-financieras de la población”, observamos que las líneas de acción: 1) no cuentan con planes específicos para personas que están cursando la licenciatura, ni tampoco de contenido específico para emprendedores; asimismo, 2) en lo que respecta de las acciones prioritarias de este objetivo (antes indicadas), no se especifican textualmente acciones sobre dotar de conocimientos y habilidades relacionadas con servicios financieros digitales para niños, jóvenes o adultos que no son parte de un programa social, lo cual contribuiría con el logro de este objetivo, como se plantean en estrategias de otros países (FNFIT-RBF, 2016; (FNFIT-RBF, 2016; Samoa’s National Financial Inclusion Taskforce (SNFIT), 2017; UKFIC, 2015).
Con relación a las metas del Objetivo 5 de “fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección financiera”, se observa que la línea base del indicador relacionado con el porcentaje de personas adultas que comparó sus productos y servicios (28.9%) difiere de la información del reporte de alfabetización financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV-SHCP, 2019), basado en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (INEGI, 2018b), donde se indica que el 17.4% de la población adulta comparó su última cuenta o su último crédito con otros productos, en otros bancos o en otras instituciones financieras; o comparó su último seguro con otros seguros, otras aseguradoras o instituciones financieras.
Finalmente, respecto de las metas del Objetivo 6 de “favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas adultas mayores, indígenas y población rural”, observamos que las metas están enfocadas en disminuir brechas en la tenencia de productos, pudiendo establecer metas para ampliar la cobertura. Por otro lado, la PNIF anterior presentaba acciones relacionadas con el desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o subatendidos, pero en la PNIF 2020 no se retoman.
En el contexto de la decimotercera edición de la Semana Nacional de Educación Financiera en México, es necesario recuperar los puntos más relevantes de la nueva Estrategia de Educación Financiera para el país presente en la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera. Esta nueva Política presenta un contenido más robusto que la anterior, principalmente por cómo fue construida, por el número de acciones, por sus indicadores y porque tiene planteadas metas específicas. Asimismo, sobresale que ya no acota a la Inclusión Financiera bajo las categorías de acceso, uso, educación financiera y protección al usuario, sino que ahora se hace explícito el lograr incidir en la salud financiera de la población mexicana para coadyuvar a la disminución de la pobreza y la desigualdad, convirtiéndola en una Política mucho más ambiciosa que la anterior.
A luz de las últimas cifras a 2019, observamos que ha habido avances en acceso a servicios financieros en comparación con 2018; sin embargo, persisten diversas brechas financieras en México. Estas brechas pueden ser de género, como en el caso de la posesión de créditos hipotecarios (24.8 pp en favor de los hombres), pero también pueden ser brechas geográficas y demográficas. En donde se hace evidente que la reducción de estas brechas implica un esfuerzo conjunto de todos los agentes económicos.
Es bajo esa necesidad de estrategias que permita romper brechas, que analizamos los principales avances que se presentan en la nueva Política y en donde se encontraron acciones relevantes para incrementar las competencias económico-financieras de la población al tiempo que se establecen resultados específicos a alcanzar.
Finalmente, se reconoce el gran esfuerzo en la elaboración de la actual Política; no obstante, es sólo el primer paso de muchos, ya que se espera un trabajo coordinado por parte de sector público, privado y social, no sólo en la implementación de las acciones, sino en la etapa de seguimiento y evaluación, y, en su caso, en la realización de adecuaciones necesarias que permitan una mayor inclusión financiera, reduciendo brechas y generando salud financiera en la población mexicana.
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