Apunto de concluir el conflictivo y crítico año de 2008, y con una crisis recesiva que amenaza con causar males mayores a los mexicanos en materia económica, una luz apareció al final del túnel: en el Senado de la República se aprobaron reformas que frenan el abuso de los bancos por cuanto hace al cobro por el uso de las tarjetas de crédito.
Las modificaciones a las leyes de Instituciones de Crédito, de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Bancarios y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, amplían las facultades de la autoridad para impedir atropellos en contra del portador del plástico que, indiscriminadamente, en muchos de los casos, autorizan los bancos sin importarles que la persona que la recibe tenga o no solvencia económica.
Es un principio importante sí es correcto, por algo se tenía que empezar. Lo que no se debe echar en saco roto es el compromiso de los senadores de evaluar, en su momento, las reformas aprobadas y, si los bancos de mutuo propio no acceden a reducir las gravosas y usureras tasas de interés que actualmente cobran, el Congreso legislará sobre la materia.
Los bancos, coincidieron en señalar los legisladores en la penúltima sesión , deberán atender las indicaciones del Banco de México, que está facultado para establecer los montos mínimos que deberán cobrar, aunque no los porcentajes de interés cobrable sobre el monto del crédito.
Las iniciativas que reforman la legislación vigente, evitarán y he aquí, lo trascendente, que las deudas de los tarjeta habientes se conviertan en dudas eternas, como acontece hoy en día, mediante los llamados “pagos chiquitos”, esto es, que los bancos no apliquen montos mínimos, sino que sea el Banxico el responsable de esta fijación, evitando abusos.
Las autoridades tendrán más y mejores herramientas, para regular y vigilar el accionar bancario y financiero del país, en beneficio del usuario de los servicios bancarios, como exigir la incorporación en los estados de cuenta que se expidan, información de lo que implica para el usuario, cubrir el mínimo para reducir su crédito.
Esta información incluirá, de manera diáfana, el plazo que tomaría liquidar el saldo y el monto de los intereses a pagar al momento de emitirse dicho documento.
También, se detendrán abusos y hostigamientos de parte de los bancos, como las molestas e insultantes llamadas telefónicas que se reciben en las madrugadas y, se hace hincapié en evitar el envío, sin ton ni son, de tarjetas preaprobadas.
Práctica esta última, frecuente entre las distintas instituciones crediticias, a sabiendas de que miles de usuarios no están en posibilidades de pagar y caen en cartera vencida, dando paso al temido Buró de Crédito.
Al aprobarse que, sin el consentimiento del usuario no se podrán elevar los límites del crédito disponible, que generan intereses verdaderamente de usura por el sobregiro de las cuentas, quedó en claro que se elevarán al cliente cumplido y, fundamentalmente, si existe el consentimiento explícito de su parte.
Con esta indolencia y seguramente con fuertes cabildeos bancarios y una que otra institución federal, que se opusieron a fijar topes al cobro de intereses, la minuta enviada por el Senado, se mandó a la congeladora de San Lazaro y si bien nos va, por ahí de febrero cuando regresan a legislar, posiblemente den luz verde a esta reforma. Mientras tanto que Dios agarre confesados a los mexicanso, al cabo que los diputados se llevaron su jugoso aguinaldo y, al diablo todo lo demás.
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