Notas

Impunidad en un 99%, en México

 

México registró en los últimos ocho años una grave situación en materia de derecho humanos, según el segundo Informe Especial que sobre la materia, presentó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández.

El ombudsman detalló que de enero de 2001 a noviembre pasado, en el país ocurrieron 20 mil secuestros, equivalentes a 2 mil 500 por año, lo que significa un promedio de siete diarios, pero sólo se denunciaron 5 mil 140, mientras que el resto pasó a la llamada lista negra de delitos no denunciados.

En este mismo periodo, se registraron 10 mil 500 ejecuciones, atribuidas al crimen organizado.

«Sólo de enero del 2008 a noviembre ocurrieron 5 mil 585», dijo Soberanes, de los cuales 2 por ciento correspondieron a menores de edad. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos destacaron, en conjunto que en nuestro país, la impunidad en los infractores de delitos llega a un 99 por ciento de los casos.

En el informe nacional sobre la situación de la seguridad pública se destacó que los mexicanos sólo denuncian 10 por ciento del total de los delitos que padecen y, en su mayoría, las personas dejan de darle seguimiento a dichas querellas, por el burocratismo, falta de confianza en las mismas y por ser víctimas de la corrupción.

Según datos del programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, del 10 por ciento de delitos denunciados ante la autoridad competente, sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables. Es decir, existe en nuestro país un nivel de impunidad de 99 por ciento, a lo que se suma que 400 mil órdenes de aprehensión quedan sin ejecutar.

Por ello, el ombudsman José Luis Soberanes Fernández impulsará, junto con los organismos estatales, la creación de una red nacional de atención a las víctimas del delito, a través de la cual se les brindará asesoría jurídica y atención médica y sicológica.

Soberanes Fernández dijo que “la cifra negra de incidencia delictiva en el periodo de 2006 a 2008 indica que sólo uno de cada 10 delitos se denuncia, por lo cual el resultado en los últimos tres años es de 48 millones de víctimas del delito, con promedio de 16 millones por año y 43 mil 835 por día, lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento”. 

Además que en relación con los delitos de alto impacto, entre enero de 2006 y el 1 de diciembre de 2008 se reportaron más de 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado. “De enero a diciembre de este año la CNDH ha registrado 5 mil 585 homicidios, encabezando la lista el estado de Chihuahua con más de 1,878; seguido de Sinaloa, con 853, y Baja California, en tercero, con 535 ejecutados”.

En el tema de secuestros explicó que de 2001 a noviembre de 2008 se denunciaron 5 mil 140 secuestros, pero al considerar la cifra negra el número se eleva a casi 20 mil en dicho periodo”, puntualizó. 

Debido a esta corrupción, la CNDH propuso crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público encargada de investigar los delitos en los que se encuentran involucrados policías y otros servidores públicos del sistema de seguridad pública. 

Propuso reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública, y se defina una política de seguridad que ataque las causas de la criminalidad y contenga medidas preventivas de todo factor delincuencial y garantizar el derecho a la seguridad pública.

Iniciativa de pena de muerte en Coahuila

Ante el clamor social de justicia sobre los secuestradores y aquellos que torturan a sus victimas, el Congreso estatal de Coahuila aprobó un punto de acuerdo sobre una iniciativa de Pena de Muerte, que turnó al Congreso de la Unión. Dicha enmienda a la Carta Magna propone adecuar el párrafo segundo del artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

      De acuerdo al gobernador Humberto Moreira, esta iniciativa se sustenta en que se requieren castigos ejemplares para frenar la criminalidad, porque el gobierno mexicano no ha podido detener la delincuencia que le ha robado la paz y la tranquilidad a las familias en muchas partes del país. 

      En la sesión donde se aprobó la iniciativa, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue aprobado por mayoría de votos de la plenaria. Fueron 22 votos a favor, 20 del PRI, uno del PVEM y otro del parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y 10 en contra, de los cuales ocho fueron del PAN y dos del PRD. 

      El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, busca consensos entre los líderes parlamentarios mexicanos, que le permitan reformar la Constitución Mexicana con el fin de que sea restituida la pena de muerte, abolida en 2005. 

      Horacio del Bosque, presidente de la junta de gobierno del Congreso coahuilense, señaló que “esto responde al sentir y a un reclamo popular. Más de 75 por ciento está totalmente de acuerdo en la instrumentación de la pena máxima para los secuestradores que matan a sus víctimas”. Es clamor popular nacional; hay que abrir el debate.

Humillan al Ejército

8 soldados fueron asesinados, antes los torturaron, luego fueron decapitados y sus cuerpos mutilados. Aparecieron en Chilpancingo, Guerrero, la segunda semana de diciembre.

El crimen colectivo fue preparado, los militares fueron secuestrados y eran oficiales del Ejército. Los criminales actuaron conscientes de humillar a las fuerzas armadas nacionales. El Estado mexicano fue mancillado.

 

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