Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que el convenio que el instituto firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) tiene el propósito de rescatar aquellas viviendas que están en juicios hipotecarios y están en situación de abandono en zonas periurbanas o similares, que pueden ser rescatadas, reparadas y vueltas a comercializar, para ser el primer eslabón de una recuperación urbana.
Recordó que el acuerdo establecido con SEDATU en días pasadas se aplicará en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, pero desde el 2019 se tienen labores similares en Tijuana, Jacomulco, Mexicali y Cd. Juárez.
En dicho proyecto se tiene coordinación con autoridades estatales, municipales y federales, para el rescate de la vivienda, reparación y en su caso demolición para abrir espacios libres, jardineras, parques, etc., que permiten que estas regiones recuperen los espacios urbanos.
Lamentó que existen muchas unidades habitacionales que están pérdidas de recuperación, pues en sexenios pasados, se edificaban vivienda de interés social en zonas lejanas y sin conexión a servicios básicos y eso provoca que sean inhabitables.
Informo que se trabaja en que la vivienda sea un polígono de atracción del desarrollo social y evitar que la población abandone los hogares y evitar que se mantenga la expansión urbana en desorden.
También se han cancelado las subastas de vivienda, que otorgaban la vivienda abandonada a un tercero, que les hacia una limpieza y reparación superficial, pero no reparaba sus deficiencias o les conectaba la electricidad, el agua, el drenaje, etc., y se caía en lo mismo.
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llevarán a cabo obras de regeneración urbana en los municipios de General Zuazua y Juárez, Nuevo León; así como en Matamoros, Tamaulipas.
En México se estima que existen alrededor de 650,000 viviendas abandonadas. Esto genera problemas muy importantes para el Estado mexicano, problemas territoriales y de seguridad.
Los convenios establecen la implementación de medidas que permitan garantizar la prestación de servicios públicos básicos. Para ello, se dará atención a la infraestructura urbana, servicios públicos básicos y de equipamiento; además, se fomentará el uso de suelo mixto y se fortalecerá la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades.
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