Representantes de la tribu Yaqui iniciaron una petición para recabar firmas a través del sitio change.org, dirigida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que se reconozca su derecho a acceder, de manera autónoma, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, específicamente el agua del río Yaqui.
Asimismo, las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu Yaqui, esperan que en el proyecto de sentencia que está próxima a elaborar, la Corte reconozca su derecho a ser informados y consultados previamente sobre las acciones que impactan dichos recursos.
En la misiva, los yaquis señalan que desde hace tres años han visto gravemente amenazada su supervivencia por la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, el cual busca desviar el agua del río Yaqui para abastecer a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
«La historia de nuestro pueblo ha estado históricamente vinculada con el agua del río Yaqui para nuestra supervivencia cultural y económica. El río es parte de nuestra ritualidad y cosmovisión; es el principal elemento productivo, está ligado a la creación y es símbolo en el llamado huya ania, ‘el mundo del monte’, lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido e identidad a nuestra existencia», señalaron.
Cabe señalar que la tribu yaqui tiene derechos reconocidos sobre dichos recursos, dado que en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas firmó el Decreto que restituye y titula el territorio a la tribu yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal del dicho río.
En enero de 2010 el gobierno de Sonora presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se propone, entre otras obras, un acueducto que desde el río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del Río Sonora), esto equivale a desviar el equivalente al agua de 30 mil albercas olímpicas.
En julio de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del Acueducto Independencia. Ese mismo mes se publicó la convocatoria para licitar la construcción del acueducto; esto a pesar de la suspensión dictada por la Juez Octavo de Distrito con residencia en Sonora. En noviembre de 2010, fue ingresada a Semarnat para su evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Acueducto Independencia, la cual fue autorizada por la dependencia.
Cabe señalar que en ninguno de los procesos antes descritos -concesión de agua por parte de Conagua, publicación de la licitación y procedimiento de evaluación de impacto ambiental- se cumplió con lo que establece la ley respecto de la obligación de informar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas.
Las autoridades yaquis señalaron que «El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la Constitución, el cual debe ser garantizado por el Estado mexicano. En este sentido, hacemos un llamado para que en su decisión los ministros de la Corte garanticen nuestro acceso al agua, así como el respeto a los derechos de información y consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades», informaron las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui.
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