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Legislativa ambiental

El lunes pasado, en el programa de análisis “Primer plano”, de Canal 11 de televisión (ampliamente recomendable), el panel de analistas, integrado por Francisco Paoli Bolio, Sergio Aguayo, Leonardo Curzio y José Antonio Crespo, abordó en su primer segmento, la advertencia que distintas voces lanzan sobre las posibilidades de que ocurra un estallido social en nuestro país.
Con la seriedad que le es característica a este grupo de muy calificados académicos, señalaron que no se trata de referirse al tema dentro de un esquema alarmista, sin embargo, existen condiciones para presumir semejante posibilidad.
La sociedad mexicana está sometida a una tensión extrema por problemas que tienen que ver con la economía doméstica; la corrupción, la inseguridad. El movimiento de un número cada vez mayor de mexicanos a ciudades distintas a las de su origen, zonas metropolitanas y aún al extranjero.
Padecemos incertidumbre por la falta de oportunidades que hagan viable la capilaridad social. El desempleo y la insuficiencia de oferta educativa por una parte y por otra falta de calidad en los servicios del sector son realidades insoslayables. El racionamiento y hasta desabasto de agua en ciudades y comunidades. La inefable ineficiencia e ineficacia de gobernantes que tanto lastiman a quienes tienen, pero más a quienes no tienen. A todo esto agreguemos cuestiones de salud pública y aún desastres naturales.
Así, tenemos un “coctel” ciertamente explosivo ante el cual las autoridades, insisto, de los tres poderes y de los tres órdenes, deberán actuar con eficiencia y eficacia.
Aceptemos, la tensión es propicia a expresiones de inconformidad, individuales o de grupo, un detonante podría volverlas violentas en extremo.
Esto no tiene que ver, por supuesto, con presagios de pitonisos y futurólogos, que encuentran emblemática la terminación de la primera década del siglo para el inicio de movimientos hacia una transformación violenta de las estructuras políticas, sociales y económicas de la nación, como ocurrió en 1810 y 1910, cuando hubo, sí, una coincidencia en el principio de la lucha por la Independencia y en el inicio de la Revolución.
Sin embargo, hoy existen instituciones con capacidad para dar cauce a las inquietudes de los sectores de la población que tienen causas para inconformarse antes de que lleguen al despertar del “México bronco” tan explicablemente temido. A ese México bronco habrá de imponerse la solidaridad de todos con todos (exceptuados, por supuesto, los agentes del mal), dignamente representado por el héroe civil de la estación del Metro Balderas
Entre esas instituciones está el marco legal y las instancias legislativas que lo actualizan de acuerdo a la evolución que acusan las naciones y el mundo. En las Cámaras de Senadores y de Diputados, se dará seguimiento puntual a las acciones de gobierno, en su función de contrapeso a los otros poderes.
La Cámara de Diputados cumplirá cabalmente con las facultades que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización. No solamente en lo relativo a la revisión de la cuenta pública, sino en cuanto al desempeño y eficacia en la concepción y realización de los planes y programas de gobierno, construidos de conformidad con las leyes respectivas.

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