La exclusión de la que son víctimas principalmente los segmentos menos favorecidos de la sociedad es receptora y generadora de violencia, además de origen principal de la criminalidad, aseguró el doctor Fernando Tenorio Tagle, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel ubicado en la Ciudad de México (CDMX).
El sistema de justicia social falla todos los días, pues castiga a los más pobres, como evidencian las estadísticas ya que la mayoría de quienes purgan penas en cárceles viven en pobreza.
“Muestra del fracaso del sistema penal y lo excluyente de la sociedad en el mundo es que de los 2.5 millones de presos en Estados Unidos, 80 por ciento proviene de minorías raciales, en tanto que en la Unión Europea 90 de cada cien presidiarios son extracomunitarios, en particular africanos y latinos”, señaló el profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.
Advirtió que esos sectores son victimizados por partida doble: la criminalidad y el sistema penal punitivo. “Un joven peruano recluido en una cárcel europea tiene el mismo perfil socioeconómico que uno encarcelado en Lima”.
Si bien en México existe una tasa de 25 homicidios por cada cien mil habitantes y en países europeos la media es de un homicidio por esa misma proporción de población, en promedio los delitos –denunciados o no– afectan a entre 20 y 25 por ciento de la sociedad de cualquier lugar del mundo.
Reconoció que la impunidad es un grave problema a nivel mundial y alcanza una tasa promedio del 95 por ciento a nivel global, por ejemplo, América Latina y la Unión Europea, así como en Estados Unidos, sólo se resuelve cinco por ciento de los casos, más allá de las diferencias cuantitativas y del tipo de violencia.
Indicó que “para abatir la impunidad se debe incrementar en más de 99 por ciento el presupuesto para la procuración de la justicia y construir más cárceles, que de cualquier manera serían insuficientes”.
El sistema penal tiene errores “y en el planeta no hay un solo caso exitoso de reinserción social ni se tiene un seguimiento que garantice evaluar la reincorporación de las personas que cometen ilícitos”.
La también académica del Departamento de Derecho maestra Jazmín Sánchez Estrada destacó la necesidad de contar con políticas públicas y una estrategia multidisciplinaria que identifiquen y atiendan el origen de problemáticas sociales indeseables, con la preservación de la vida como elemento central.
“La impartición de la justicia debe tener un enfoque de respeto de los derechos humanos, que además haga frente a la desigualdad social y todos sus efectos nocivos para transitar hacia una cultura de la legalidad en la que estén presentes la gobernanza y la gobernabilidad”, concluyó.
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