El agua que descarga la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Ahogado, la cual desemboca en el río Santiago, contiene 101 químicos orgánicos aislados, algunos considerados de alto riesgo para la salud de las personas y del ecosistema, y de los cuales al menos 22 ni siquiera están regulados en México, de acuerdo con el reporte Alto a la Catástrofe Ecológica del río Santiago, elaborado por Greenpeace México.
En conferencia de prensa conjunta con las organizaciones de la sociedad civil Un Salto de Vida AC, Instituto Vida AC e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC), Greenpeace presentó los resultados de los muestreos que realizó del agua que sale del tubo de descarga de la PTAR El Ahogado, sedimentos en el mismo lugar, así como de un cárcamo aledaño, y de agua y sedimentos del arroyo de la presa El Ahogado. Todas las muestras fueron analizadas en los laboratorios de investigación de Greenpeace de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Exeter en Reino Unido.
Entre las sustancias tóxicas encontradas hay Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y semivolátiles (COSV) como el nonifenol, octifenol, ftalatos, cloroformo, bencenos, sustancias cuyas altas concentraciones tienen impactos en la vida acuática y en el ser humano, ya sea porque son cancerígenas, pueden provocar disrupciones hormonales, pueden generar daños y malformaciones en fetos y en los sistemas reproductivos femeninos y masculinos (2). Muchas de estas sustancias están reguladas estrictamente bajo normativas como la REACH de la Unión Europea.
“Es preocupante que haya sustancias que escapan del tratamiento de la planta El Ahogado y que por su naturaleza son altamente tóxicas. Las plantas de tratamiento no son la solución, el único camino para mantener limpios los cuerpos de agua y mantener la salud de las personas y del ecosistema es evitar este tipo de descargas y modificar la legislación mexicana para ampliar la lista de sustancias reguladas y que los tres niveles de gobierno se hagan responsables de la contaminación, de la salud de las personas y el ecosistema”, aseguró el coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, Miguel Soto Treviño.
Graciela González, habitante de El Salto, uno de los municipios más afectados por la contaminación del Río Santiago y representante de la organización Un Salto de Vida aseguró:
“Las grandes inversiones que trajeron el progreso y el prometido bienestar no han hecho otra cosa que arrebatar a estos pueblos nuestros modos de ser, nuestros medios de subsistencia y nuestra tranquilidad. El Estado, con ojos ciegos y oídos sordos, promueve la inversión y el crecimiento de los corredores industriales e infraestructuras de abastecimiento energético, antes que atender todas las afectaciones que han traído desde hace décadas”. “Siguen promoviendo el crecimiento urbano por medio de fraccionamientos en zonas de alto riesgo sin respeto a las inexistentes, en los hechos, zonas de amortiguamiento. Consideramos un crimen que sigan trayendo gente a envenenarse, víctimas del desconocimiento de un territorio devastado. Seguimos exigiendo la declaratoria de emergencia ambiental y la atención extraordinaria en materia de salud. Mientras los industriales se siguen enriqueciendo, los habitantes de El Salto y Juanacatlán, seguimos enfermos enterrando a nuestros muertos”, añadió González.
Por otra parte, fueron exhibidas imágenes tomadas este fin de semana en la cascada del río Santiago, donde más de 200 personas se reunieron para lanzar un mensaje masivo de denuncia con una manta con la leyenda: “Catástrofe ecológica, ¡basta de contaminar!”.
Leyenda que retoma la descripción que sobre la situación del río Santiago hicieron los expertos internacionales del Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su visita oficial a la cascada de El Salto de Juanacatlán, en septiembre del año en curso, mencionó María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). Recordó que los expertos en su informe preliminar expresaron que “Fue un fuerte impacto ver el río cubierto de espuma y el olor de fuertes gases que se desprenden del agua que caen de la cascada El Salto y reconocieron que las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal, así como el reconocimiento que de 200 mil empresas potencialmente contaminantes, Profepa y CONAGUA solo cuenta con 300 inspectores”.
González Valencia hizo un llamado al Estado Mexicano para que exija a las empresas un alto a la violación de los derechos humanos y a las empresas les exhorto a cumplir y respetar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, reconociendo en todo momento sus cadenas de valor y el respeto de todos los derecho humanos.
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