Ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México aceptó todas las recomendaciones relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso, destacando en particular el buscar construir un mecanismo de consulta indígena en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como otros mecanismos de consulta indígena relacionados con megaproyectos de desarrollo.
Ello fue dado a conocer por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), que reconoció este avance e insta al Estado mexicano a convocar comunidades indígenas y campesinas, organizaciones de la sociedad civil y académicos a que aporten en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces de consulta sobre megaproyectos para recabar el consentimiento libre previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por megaproyectos de desarrollo.
En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto nacionales como extranjeras, por empresas paraestatales o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente.
CEMDA también hizo referencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de casos específicos en los que las comunidades siguen los cauces institucionales buscando justicia, sin que las resoluciones se acaten ni se cumplan. Es el caso de la Tribu Yaqui, en el estado de Sonora, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió sentencia a su favor, reconociendo la violación de su derecho a la consulta en el caso de la construcción del Acueducto Independencia. A la fecha, la obra sigue operando de forma ilegal.
También se denunció la persecución que existe en México en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado.
A pesar de ser un derecho reconocido constitucionalmente, el derecho a un medio ambiente sano está constantemente vulnerado por medidas del Estado que no contemplan el eje de sostenibilidad, privilegiando el consumo desenfrenado de los recursos naturales.
En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. En este sentido, la recomendación de Singapur se presenta en un momento relevante para el Estado Mexicano, ya que establece la necesidad de que la política ambiental que asuma la perspectiva de los derechos humanos y la sustentabilidad y se ajuste a los instrumentos internacionales que hay sobre la materia.
Uno de los casos sobre los que debe ponerse atención en este sentido es la extracción de gas natural a través del fracking -contemplada como uno de los principales ejes de la reforma energética, en la que no se vinculan «los objetivos del sector energético con los ambientales y sociales» -, por ser una técnica con enormes riesgos para los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de México.
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