El presidente Andrés Manuel López Obrador divulgó su documento “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, donde expone el camino que el mundo debe adoptar tras el paso de la pandemia, sin embargo, sus conceptos de “gobierno responsable y sustentable”, responsabilidad social, empresas con visión social, y organizaciones sociales (OSC), quedaron en el olvido en su propuesta.
El coronavirus (COVID-19) no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.
Sostengo que el Estado debe tener como propósito principal la promoción del desarrollo para garantizar el bienestar del pueblo. Debemos reconocer a contrapelo del dogma económico que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población y que en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, la intervención del Estado resulta indispensable para la supervivencia de muchos.
En el apartado de Bienestar se destaca que “debe desecharse la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.
Nuestra propuesta consiste, en establecer un Estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.
El Estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos construyendo tiene como objetivo la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social.
Desde diciembre de 2018 el Gobierno Federal impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable, y que puede definirse así: queremos construir la modernidad desde abajo, entre todos.
Detalló que los centros de poder económico y financieros del planeta definían los parámetros para evaluar a su manera y conveniencia el progreso de las naciones. En esa lógica, se desplazó del vocabulario económico el concepto desarrollo y se fue implantando como termino básico el del crecimiento.
Lo más importante era el dato del llamado Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Como es lógico, este nivel de simplicidad obedecía al criterio dominante de hacer riqueza sin importar la forma en que ésta se acumulara y distribuyera entre las personas y en los sectores sociales.
Indicó que un modelo económico que solo apuesta al progreso material sin justicia se traduce en un proyecto político inviable y condenado al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales.
De modo que el mal del coronavirus vino también a recordar lo frágil y transitorio que resulta, al fin de cuentas, un modelo excluyente, sin dimensión democrática y social.
Por eso “decimos sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar; sí al progreso, pero con justicia porque progreso sin justicia es retroceso. En la nueva política económica al crecimiento debe añadirse el bienestar en la más amplia extensión de la palabra”.
Es indispensable desechar las recetas de siempre, propuestas por organismo financieros internacionales, supuestamente, orientadas a revertir las crisis recurrentes pero, que en los hechos, provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo urbano y lo rural y, a la postre, un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria.
Detalló que México está construyendo, desde antes de la pandemia actual, un nuevo modelo de país, con base en cinco principios fundamentales: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.
Enfatizó que cuando estalló la crisis por el coronavirus, los representantes del sector empresarial de México, le solicitaron, tanto de manera formal y pública como en audiencias privadas, una tregua en el pago de impuestos, entre otras cosas, supuestamente para beneficio de las pequeñas y medianas empresas; “les respondimos que no sería de esa forma como enfrentaríamos la crisis, y también les expresamos que no habría rescates o subsidios para las grandes corporaciones y que no dejaríamos en estado de indefensión a la mayoría de los mexicanos; en otras palabras, que íbamos a rescatar primero a los pobres”.
Explicó que se están destinando los apoyos para el bienestar a la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso; es decir, el 55 por ciento del total de familias. Ahora se llega a 25 millones de hogares, el 70 por ciento del total.
Enfatizó que los recursos dispersados por medio de los programas sociales han sido unos de los factores que explican el éxito en la reducción de la movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas para mitigar los contagios de COVID-19.
Sin minimizar la conciencia social y la solidaridad exhibidas por todos los sectores de la sociedad en esta crisis, es claro que millones de beneficiarios de esos programas han podido permanecer en sus viviendas porque disponen de un ingreso que les permite solventar al menos las necesidades más acuciantes.
A partir de la pandemia del coronavirus decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente. En este mes de mayo tenemos contemplado bajar recursos por alrededor de 120 mil millones de pesos, cantidad un poco mayor a la gran aportación de los migrantes que, en el mes de abril, mandaron a sus familiares cuatro mil millones de dólares.
“Nuestro modelo no solo significa bienestar para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos también ofrece al 30 por ciento de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras”, dijo.
Destacó que en materia de Honestidad que esta materia nunca se impartió en las universidades donde se formaron quienes, al paso del tiempo, llegaron a ocupar las secretarías o ministerios de Hacienda o Economía en la mayor parte de los países del mundo. Puede ser que esta especialidad no resultara importante en otras naciones, pero en México era y sigue siendo una asignatura indispensable.
Calificó de imprescindible no permitir la corrupción al interior del gobierno para poder contar con autoridad moral y política. Por ejemplo, debemos seguir profundizando en ahorrar en el costo de construcción de obras y en la contratación de servicios.
Asimismo, es necesario seguir ahorrando en adquisición de bienes e insumos que compra el gobierno a proveedores, como es el caso de medicinas, materiales de curación, equipos médicos, gas, gasolinas, diésel, carbón y papelería, manteniendo las prácticas de compras consolidadas y de la centralización de todas las adquisiciones en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata, pues, de convertir la honestidad en forma de vida y de gobierno: contrario a lo que sostenían los políticos del neoliberalismo de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, nosotros postulamos que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.
Relató que desde el inicio de su gobierno, comenzaron a aplicarse medidas de austeridad. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. Había servidores públicos con salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, mientras que los trabajadores de base recibían 8 mil pesos mensuales en promedio. Esto se terminó cuando se aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, más de 108 mil pesos mensuales, sin compensaciones, pues me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que recibía el expresidente Enrique Peña Nieto.
A partir de la crisis económica desatada por el coronavirus se decidió no despedir a ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta 25% de manera progresiva. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del pueblo.
El regreso a la nueva normalidad debe ir acompañado de la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por el gobierno y poner atención en todo aquello que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
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