La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que como resultado del “Plan Salamanca”, implementado para mejorar las condiciones ambientales de esa ciudad, se detectó que el 75 por ciento de empresas inspeccionadas presentan irregularidades en el cumplimiento con la normatividad ambiental federal.
Asimismo, las industrias restantes cumplen con la legislación federal en materia de medio ambiente.
Ante ello, ha sancionado con 2.1 millones de pesos a un total de 14 empresas que incumplieron con sus obligaciones ambientales y existen un mayor número de industrias que podrían ser sancionadas por la gravedad de las posibles violaciones a la norma.
Dos empresas en donde se encontraron irregularidades graves se mantienen clausuradas (Agrosolaris en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera y Embobinados de Salamanca en materia de residuos peligrosos), desde abril del 2016, pues no han cumplido con las medidas correctivas ordenadas por la autoridad a la fecha.
El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Arturo Rodríguez Abitia, manifestó que a inicios del año 2016, la PROFEPA adquirió el compromiso de visitar el total de las 126 empresas de jurisdicción federal que trabajan en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
Indicó que como resultado de ello, se efectuaron 140 visitas de inspección y verificación en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, actividades altamente riesgosas, impacto ambiental y residuos peligrosos se encontró que una de cada cuatro empresas visitadas cumple con la normatividad ambiental federal, mientras que las otras tres presentaron irregularidades de diferente grado de relevancia.
El principal esfuerzo de las visitas fue a la revisión del cumplimiento en materia de residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas, mismas que contaron por el 90% de las visitas realizadas.
Adicionalmente se realizaron visitas para verificar el cumplimiento de medidas impuestas previamente a 16 empresas, de las cuales dos no han cumplido con ninguna de ellas, por lo que se están tomando las medidas necesarias de conformidad con lo que establece la ley.
Rodríguez Abitia sostuvo una reunión de trabajo con los curtidores agremiados en la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), en León, quienes presentaron los avances en materia ambiental, en el marco del convenio entre la PROFEPA, la CICUR y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la atención de la problemática del parque de lodos y su regularización como generadores de residuos peligrosos.
Los avances reportados incluyen autorización del municipio de León para que las instalaciones del parque de lodos tengan la categoría de empresa de tratamiento de residuos peligrosos; la SEMARNAT emitió autorización en materia de impacto ambiental para las actividades de operación y mantenimiento del Parque de Tratamiento de Residuos Peligrosos de la Industria de la Curtiduría (PATREP) de la CICUR y está en proceso de revisión para la autorización al PATREP como prestador de servicios para el tratamiento de residuos peligrosos.
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