Ricardo Chávez,
Invitado especial
En memoria del Profr. Raymundo Velázquez, defensor de la propiedad social y sus recursos naturales, asesinado en el Estado de Guerrero.
En estos últimos años en el país, se han realizado en varias regiones, proyectos de obra pública y privada, afectando áreas de propiedad social sin cubrir en su totalidad los procedimientos jurídicos establecidos por la Ley y su reglamentación en tiempo y forma, por la norma constitucional en vigor, propia de un Estado de Derecho, siendo lo más común la violación del derecho de audiencia al no consultarse a los sujetos afectados y omitir los alcances de los impactos que causan las obras en lo relacionado social, económico, ecológico y cultural; en especial, de las comunidades y pueblos originarios, donde muchas veces instituciones e instancias de gobierno actúan con autoritarismo.
Aun cuando los sujetos afectados recurran a la protección de la Ley, a través de la autoridad judicial, al afectarse sus derechos de posesión de sus usos y costumbres, establecidos en los Artículos 2 y 27 de la Constitución, se va a ejercer la resistencia con diversas acciones dentro de sus derechos constitucionales. En últimas fechas una serie de manifestaciones de protesta han generado rasgos sociales que han emergido a la palestra social como activistas defensores del Medio Ambiente, de la propiedad social del ejido y la comunidad ante la no aplicación de la Ley o los procedimientos jurídicos viciados de origen contra intereses de las comunidades, ante desacatos por autoridades gubernamentales e institucionales, resolutivos de la autoridad judicial del Estado y la Suprema Corte, incluso, por falta de aplicación administrativa de instancias relacionadas con Ecología y Medio Ambiente, se van a la resistencia, donde surgen y se consolidan liderazgos. En la defensa de la propiedad social y del Medio Ambiente, últimamente emergieron a la palestra social, activistas ecologistas, defensores del Medio Ambiente y por la defensa del interés social y económico de pueblos y comunidades, dejándoles a las comunidades el único camino de la resistencia y protesta ante la falta del diálogo y autoritarismo institucional de la autoridad, situación que lo demuestran los siguientes hechos y sucedidos.
En la Comunidad Yaqui, en el sur de Sonora, después de estar más de dos meses en intermitente bloqueo de la carretera Internacional México-Nogales, frente a la población de Bicam, junto a integrantes del movimiento en defensa del agua de la presa El Novillo (“El Novillo No”), incluso a costa de la propia seguridad de la comunidad y sus liderazgos, persiste por parte del gobierno de Sonora el desacato al resolutivo de suspensión, emitido por la autoridad judicial del Estado y ratificado por la Suprema Corte, en lo relacionado con el funcionamiento y construcción del Acueducto Independencia, el cual sigue trasvasando agua a Hermosillo, en perjuicio de los derechos de agua de la comunidad Yaqui, cuya exigencia de suspensión, los afectados le solicitan a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el cumplimiento de suspensión.
Acciones que fueron reproducidas de no cumplimiento de suspensión del trasvase de agua al Acueducto Independencia, lo que afectó los volúmenes de agua correspondientes a los pueblos de la Comunidad Yaqui, la autorización de la consulta sobre los impactos ecológicos de esta obra hidráulica, que después de más de tres años de construido se va a poner a consideración ante los pueblos y comunidades yaquis su derecho de audiencia sin tomar en cuenta su exigencia de suspensión del transvase de agua de la presa del Novillo al Acueducto Independencia, a la que ya le han extraído algunos millones de metros cúbicos, afectando los derechos de los pueblos de la Comunidad Yaqui.
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