En la Cuenta Pública del Estado de México 2008 existen, al menos, mil observaciones en las que se involucra a todas aquellas entidades fiscalizables, informó Octavio Mena Alarcón, extitular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem).
Al entregar su informe ante la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura local, Mena Alarcón indicó que el informe de resultados tiene gran cantidad de observaciones, tanto para el gobierno estatal como para los 125 municipios, incluyendo sus órganos descentralizados como son los sistemas DIF.
Mena Alarcón sostuvo que, a partir de este momento, se entra en una etapa de solventación o aclaración de todos los ayuntamientos y las entidades fiscalizables, además de que todas tendrán la oportunidad de aclarar las observaciones hechas por el Osfem.
“Todas las entidades tienen observaciones; sin embrago, hay entidades, como la Universidad Autónoma del Estado de México y el Poder Judicial, que en el proceso de revisión solventaron las observaciones hechas”, explicó.
Luego de que Mena entregó su informe, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Némer Álvarez, le solicitó una reunión con los coordinadores parlamentarios para que pueda explicar detalladamente el contenido del documento.
Nuevo Director de OSFEM
Con el voto en contra del PAN y la abstención del PRD, la mayoría priista de la LVII Legislatura mexiquense designó a Fernando Valente Baz Ferreira, nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), en sustitución de Mena Alarcón.
El diputado del PAN Carlos Madrazo Limón, actual presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, consideró que dejar las tareas de la transparencia y la rendición de cuentas en manos de cercanos colaboradores o viejos conocidos, es sinónimo de simulación.
Consideró que la ciudadanía está deseosa de ver señales claras de que sus gobernantes han entendido sus serios llamados de atención, “malinterpretar el efímero favor recibido en las urnas como una carta en blanco para hacer imposiciones, es un grave error que no pasará más de un periodo constitucional en que la misma sociedad cobrará la falla”.
Valle de México, prioridad: FAGC
Debe estar más cerca el Valle de México de la capital del Estado, dijo Fernando Alberto García Cuevas, ahora subsecretario general de Gobierno en el Valle de México, quien destacó que su nuevo encargo tiene que ver con la posibilidad de contribuir para que la relación del gobernador con la ciudadanía sea más estrecha.
“Debemos buscar darles atención a todas las expresiones sociales y políticas de esta importante región del Estado de México, apoyo para que todos los líderes puedan responder de manera cabal con los compromisos que tienen con sus organizaciones”, indicó.
“Lo que se busca todos los días es que la comunicación con la comunidad sea más cercana, como se ha hecho en Valle Dorado, donde se ha atendido a la gente de manera inmediata, oportuna, en apoyo de los vecinos, lo que habla de un gobierno humano”, explicó.
Los diputados dicen que se deben hacer castigos ejemplares, que empiecen con Octavio Mena, Mena debe estar en la carcel. Octavio Mena cometió el delito de omision y cohecho. Lo ocurrido en Zinacantepec es un buen ejemplo, Octavio Mena Debiera estar en la carcel, ¿donde esta su fiscalizacion?, ¿que hizo?…solapar a los alcaldes, chequen estos articulos del Codigo Penal del Estado de Mexico:
Artículo 7.- Los delitos pueden ser realizados por acción y por omisión.
En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se estimará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se acredite que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de la ley, de un contrato o de su actuar precedente.
Artículo 129.- Incurre en el delito de cohecho, el servidor público que solicite u obtenga para sí o para otro u otros, de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus funciones.
Al servidor público que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones:
I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva no exceda el equivalente de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sean cuantificables;