La organización ciudadana Mexicanos Primero interpuso una demanda de amparo, a través de su brazo jurídico Aprender Primero, por la violación al derecho a aprender y a la reinserción social de jóvenes de la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes de San Fernando, ubicada en el sur de la Ciudad de México.
En el más reciente estudio de Mexicanos Primero, Tod@s. Estado de la Educación en México 2017, se identifican diferentes formas de exclusión educativa, situaciones estructurales que impiden a grandes grupos de la población que puedan estar, aprender y participar en la escuela. Una de las exclusiones más graves, tal vez la más severa de todas, ocurre, con los adolescentes en reclusión.
En la conferencia de prensa Olvidados y excluidos: Litigio en defensa de los adolescentes en reclusión, se subrayó la injustificable situación de exclusión educativa que viven estos jóvenes:
- Son excluidos, indebidamente, de su derecho a la educación; por ley este derecho no debe ser trastocado, sino intensificado durante su estancia en las comunidades de atención para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Son olvidados. Ninguna autoridad educativa, federal o local, se ha hecho en realidad responsable del servicio público educativo al que los adolescentes tienen derecho durante su internamiento.
- Son doblemente castigados, no sólo por sus conductas delictivas por las que se encuentran privados de su libertad, medida que sí es dictada por un juez tras un proceso imparcial, sino porque el Estado -bajo cuya tutela se encuentran- no les proporciona uno de los elementos fundamentales para su reinserción. El que sufran rezago y exclusión educativa mientras están bajo tutela directa de la autoridad es un castigo que no pasó por el debido proceso, sólo una consecuencia del abandono y de una visión superficial e incompleta de los derechos de los jóvenes.
Cuando los adolescentes se encuentran privados de su libertad, el Estado se convierte en el principal –y en la práctica, el único- garante de sus derechos humanos. Por lo tanto, la no vulnerabilidad de sus derechos es un principio fundamental para nuestra sociedad.
Al no proporcionar servicios educativos pertinentes y de calidad a los adolescentes recluidos, no sólo se viola el derecho a la educación, sin discriminación alguna, sino se lastima su derecho a la reinserción social, establecido en el Art. 18 de la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales.
Ante esta violación, el pasado miércoles 19 de abril, Aprender Primero interpuso demandas de amparo en contra de los titulares de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y otras autoridades educativas a nivel federal y local, así como contra de los titulares de laSecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México.
Las demandas buscan lograr que el Juez de Distrito determine cómo se va a restituir, ante la omisión de los encargados, la responsabilidad de ofrecer estudios de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior a los adolescentes de la Comunidad de San Fernando.
Mexicanos Primero y Aprender Primero buscan que las autoridades educativascumplan con su mandato de ley y garanticen en la realidad cotidiana el derecho que todos los adolescentes de la Comunidad de San Fernando tienen a una educación de calidad, con maestros idóneos, con infraestructura y materiales adecuados, así como con una organización escolar que favorezca el máximo logro de aprendizaje. Los adolescentes recluidos tienen derecho a encontrar un proyecto de vida distinto al que tenían antes de su ingreso al centro de reclusión. La sociedad tiene que saber que los discriminamos al negarles el derecho que tienen a recibir una educación de calidad y, al hacerlo, es la propia autoridad quien favorece la posibilidad de su reincidencia con conductas antisociales, una vez sean liberados.
La educación de calidad es uno de los componentes imprescindibles para lograr la reintegración del sentenciado a la sociedad.
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