Ante los análisis y leyes secundarias de la Reforma Energética, la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que algunas de las implicaciones que la legislación en donde destaca que diversos predios que se compruebe que tienen potencial de explotación de energéticos como gas shale podrá ser expropiado pese a la negativa de sus propietarios y ser arrendado a empresarios particulares.
Ello ante la directriz que en el territorio la obtención de energético tiene la máxima prioridad nacional; iniciativa que se calificó de violatoria de los derechos humanos de la población y del medio ambiente.
Claudia Campero, integrante de la Alianza, dijo que esto es sumamente grave si se tiene en cuenta, además, que el gobierno está impulsando la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la dañina técnica del fracking.
“Esta Ley establece en su artículo 91 que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público. Ello implicará que la explotación del gas y el petróleo siempre tendrá prioridad sobre el uso del territorio”. Lo cual pone a la población en desventaja a la hora de negociar un precio razonablemente justo por la renta de sus tierras.
También, señaló que no es posible que la misma Federación vaya a ser juez y parte en los diversos juicios que se lleguen a entablar en materia de protección ambiental derivados de las nuevas explotaciones de energía, ya que se presentará una grave debilidad de la política ambiental que supondría la aprobación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos.
Ya que la creación de esta Agencia supondría la fragmentación y la reducción de la autonomía de la política ambiental sin atender las deficiencias que la aquejan y que harían suponer que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), sería sólo oficina de trámites para el permitir diversas explotaciones de energéticos así como el no sancionar en los casos que llegue a presentarse problemas ambientales, tal y como fue la pasada omisión del titular de la Semarnat, ante el aumento de emisiones de Pemex, y que dicho funcionario federal no mostró ningún tipo de acción al respecto.
En comunicado de prensa, este organismo detalló que “esto se daría en un contexto en el que se mantendría un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) débil, que ya presenta serias deficiencias para asegurar la protección del medio ambiente y la población frente a los proyectos de desarrollo, sin que la Ley incluya medidas para su fortalecimiento”.
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