En México, las emisiones del sector agropecuario en 2013 fueron 80 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) lo que representa el 12% del total de las emisiones nacionales de GEI (INECC, 2013); y adicionalmente, emitió 9 mil toneladas (kt) de carbono negro (CN). Este sector contribuye con tres medidas para lograr las metas totales en la reducción de 7 MtCO2e de GEI para 2030: Disminución de quema de residuos; instalación y operación de biodigestores; y la sustitución de fertilizantes sintéticos por biofertilizantes.
De ahí que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia Danesa de Energía (DEA), realizaron el quinto Diálogo Público- Privado para lograr las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) y enfrentar el cambio climático.
En donde expertos para el análisis de las medidas del sector agrícola y ganadero profundizaron en las estrategias o acciones de política pública y de financiamiento, localizar áreas de oportunidad, mejorar el marco legal e institucional y analizar la política pública estatal y municipal en el sector.
Para cumplir los objetivos de mitigación propuestos, es necesario que se aprovechen los instrumentos de política, como el Programa Especial de Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como buscar instrumentos que faciliten el acceso al financiamiento.
Durante el evento, la Directora General del INECC, la Dra. Amparo Martínez, el Coordinador General de Crecimiento Verde, Mtro. Miguel Breceda, y la Dra. Juana Itzchel Nieto, Directora de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo en Carbono del INECC, hablaron de la importancia de las acciones de México enfocadas al cambio climático, como son las CND a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París y la 6ta Comunicación Nacional de Cambio Climático, así como de la ruta tecnológica, las medidas y los costos para cumplirlas.
Se realizaron 4 paneles sobre sustentabilidad, medidas de mitigación, financiamiento y seguridad alimentaria, con la participación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGARPA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) por parte del sector público y de cooperación internacional; el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Instituto de Ingeniería de la UNAM y Universidad Autónoma de Chapingo como academia e investigación; Sistema Biobolsa, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Agronegocios de Banamex, representando al sector empresarial y de financiamiento.
En los paneles se destacó la importancia de la colaboración intersectorial como la existente entre los sectores forestal y agropecuario con ejemplos exitosos como la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+), la transversalidad en el desarrollo de políticas públicas para lograr resultados efectivas en menor tiempo, la identificación de áreas de oportunidad como es la implementación de biodigestores en cuanto a medidas de mitigación, y el uso de tecnologías verdes que aumenten la productividad y reduzcan el impacto ambiental, la sustitución de fertilizantes nitrogenados por biofertilizantes y los beneficios de rendimiento por su uso, así como la capacitación a agricultores para la implementación de estas tecnologías y la gestión de recursos de fnanciamiento; el reconocimiento de ventajas para mantener la seguridad alimentaria y ser país centro de origen de diversidad genética de distintas plantas cultivadas. También se plantearon retos como el cálculo de riesgos y costos del cambio climático y sus efectos, como la reducción del rendimiento agrícola; la facilitación de garantías para conseguir financiamientos públicos y privados para proyectos de adaptación al cambio climático que son de largo plazo.
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